La Comisión Europea ha decidido que España no debe pagar ninguna compensación al fondo luxemburgués Antin, a pesar del laudo arbitral de 2018 que le obligaba a hacerlo por los recortes en las ayudas a las energías renovables. Tras varios años de investigación, Bruselas ha concluido que dicho arbitraje representa una ayuda de Estado ilegal.
Los servicios comunitarios solicitan a España que garantice que no se realice ningún pago ni se ejecute el laudo arbitral. Además, destacan la obligación de los jueces nacionales de colaborar con España para asegurar el cumplimiento de esta decisión, incluyendo la adopción de medidas necesarias para evitar el reconocimiento del laudo en otros países.
La Comisión Europea inició una investigación detallada en julio de 2021, tras el fallo del CIADI que concedió a Antin una indemnización de 101 millones de euros por las modificaciones en el régimen de ayudas a las energías renovables realizadas por el gobierno de Mariano Rajoy.
Bruselas expresó sus dudas sobre la conformidad del arbitraje con los principios de confianza mutua y autonomía del Derecho de la UE. Considera que el arbitraje entre inversores y Estados, cuando se aplica entre Estados miembros de la UE, socava el sistema de recursos legales establecido en los Tratados de la UE para resolver estos litigios.
Los servicios comunitarios también evaluaron si el fallo podría causar discriminación entre los inversores según su nacionalidad y su capacidad para recurrir al arbitraje internacional, dado que los inversores españoles no tienen la opción de presentar una demanda ante un tribunal de arbitraje.
Según ha explicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un comunicado, esta es la primera decisión de Bruselas sobre los arbitrajes de renovables en los que España se enfrentó a inversores internacionales que consideraron ilegales los recortes a las primas a las renovables de 2013 aprobados por el anterior Gobierno.
De este modo, el Gobierno destaca que la conclusión de Bruselas, tramitada como «piloto», respalda la posición de España, que hasta ahora «no ha abonado cantidad alguna» por los distintos laudos dictados, a la espera de que concluyeran los análisis. También subraya que la Comisión es la única autoridad competente para pronunciarse en materia de ayudas de Estado.
Por ello, España invocará esta decisión en las distintas jurisdicciones extranjeras en donde el Estado se está oponiendo judicialmente al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeeuropeos.
51 ARBITRAJES CON RECLAMACIONES POR 10.635 MILLONES
De acuerdo a los datos ofrecidos por el Ministerio, al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, los inversores internacionales han presentado 51 arbitrajes contra el Reino de España por los recortes aplicados a las renovables, con reclamaciones que suman 10.635 millones.
De los 43 casos sobre los que ya hay decisión judicial, España ha ganado una decena, aunque quedan otros ocho pendientes de laudo, tres fueron anulados y de otros tres desistieron los demandantes. Mientras que del resto perdidos, apuntan desde el Ministerio, España ha logrado que se revisaran a la baja las indemnizaciones en un 85% sobre lo demandado.
