El Gobierno ha anunciado que va a prorrogar, de nuevo, el Fondo Social de Vivienda (FSV) hasta 2021.
El acuerdo ha sido suscrito entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Asociación Española de Banca (AEB), la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el Banco de España, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la Plataforma del Tercer Sector y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.
Hoy en día, el Fondo cuenta con 9.951 viviendas, propiedad de los bancos, destinadas a personas y familias que han perdido su vivienda habitual, a través de un alquiler a precios reducidos, entre 150 y 400 euros al mes.
El propósito de este Fondo es ofrecer cobertura a las personas desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario o como resultado de una dación en pago, y que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad social.
Las personas interesadas en acceder a este tipo de viviendas deben haber perdido la vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 y que en el momento de la solicitud los ingresos familiares no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), ni dispongan de otra vivienda en propiedad o en usufructo.
Por otro lado, deben encontrarse en alguno de los nueve supuestos de especial vulnerabilidad contemplados, que son los de una unidad familiar con hijos menores de edad; unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo, y unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite.
Entre los supuestos también se contemplan las unidades familiares en las que el deudor hipotecario que haya perdido su vivienda se encuentre en situación de desempleo y haya agotado sus prestaciones; unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género; personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone un activo indispensable para su inclusión social, y personas mayores de 60 años.
Desde el Gobierno han explicado que también pueden beneficiarse del Fondo las personas en situación de prejubilación o jubilación que a través de un aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos, así como otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas a las mencionadas.