La primera ministra Theresa May se presentará a la Cámara de los Comunes y, según Downing Street, dirá a los parlamentarios que «el 95% del acuerdo y sus protocolos, para implementar el ‘Brexit’, ya han sido establecidos», al haber resuelto asuntos como el futuro de Gibraltar, la coordinación en materia de seguridad, el respeto al derecho de residencia de los europeos en Reino Unido, y la continuidad de la base militar británica en Chipre, por ejemplo.
El objetivo es ganar algo más de tiempo para cerrar el acuerdo que permita una salida ordenada del club europeo el próximo 29 de marzo de 2019, pacto que luego deberá ser ratificado por el Parlamento.
Aun queda pendiente por determinar la relación aduanera entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte. Londres y Bruselas están de acuerdo en evitar la implantación de controles en esa frontera, pero ambas partes tienen soluciones diferentes. Mientras la UE cree que podría ser necesaria la instauración de controles a los movimientos de productos entre Irlanda del Norte y Reino Unido, el Gobierno británico lo considera inaceptable. «Esta solución no la podemos aceptar, ya que supondría crear una aduana en el Mar de Irlanda y romper la integridad de Reino Unido«, según May.
Una potencial alternativa planteada por May es extender el periodo transitorio, durante el que todo Reino Unido seguirá alineado con el mercado común y la unión aduanera, más allá de la fecha prevista de diciembre de 2020. Esto daría tiempo para encontrar una solución a la frontera irlandesa (como el control de esta aduana a través de sistemas tecnológicos sin implantar puestos físicos), pero es una idea rechazada por el ala más euroescéptica del Partido Conservador.
Estos diputados creen que alargar la transición equivale a extender el «vasallaje» británico ante la UE, ya que tendrá que acatar sus normas y contribuir a sus presupuestos durante ese periodo sin participar en las decisiones.
Las críticas a May por parte de los euroescépticos han ido acompañadas de declaraciones anónimas a la prensa hablando de un «asesinato» de la primera ministra, que podría ser «acuchillada» por sus propios diputados esta misma semana.
Un portavoz de Downing Street ha asegurado que May espera que las personas en puestos públicos eviten este lenguaje «deshumanizador y derogatorio. Los ataques personales no deben tener sitio en política».