El proyecto de ley antitabaco aprobado por el Consejo de Ministros ha provocado una fuerte reacción entre las principales organizaciones de la hostelería, el turismo y el transporte. Las asociaciones empresariales advierten de que la ampliación de los espacios libres de humo podría perjudicar la actividad de bares, restaurantes y hoteles, especialmente si la prohibición de fumar se extiende a las terrazas.
La propuesta todavía debe superar su tramitación en el Congreso de los Diputados y el Senado. Sin embargo, SOS Hostelería estima que su aplicación podría provocar el cierre de más de 30.000 bares y la destrucción de alrededor de 300.000 empleos. Estas cifras corresponden a las previsiones de la organización y no a una evaluación oficial del Gobierno.
El texto plantea ampliar la prohibición de fumar a las terrazas de establecimientos hosteleros, playas, piscinas públicas y vehículos de trabajo. También equipara las restricciones de los cigarrillos electrónicos y otros vapeadores a las del tabaco convencional, además de establecer un perímetro libre de humo de 15 metros alrededor de colegios, centros sanitarios y edificios públicos.
Las terrazas, en el centro del conflicto
Desde Hostelería de España defienden que las terrazas son espacios abiertos y ventilados en los que actualmente existe convivencia entre fumadores y no fumadores. Su presidente, José Luis Álvarez Almeida, sostiene que la reducción del consumo debe abordarse mediante la educación y la sensibilización, en lugar de recurrir exclusivamente a nuevas prohibiciones.
El sector destaca la importancia económica de estos espacios. Según las asociaciones hosteleras, las terrazas pueden representar entre el 30% y el 50% de la facturación de un establecimiento, mientras que aproximadamente la mitad de los negocios de hostelería dispone de alguna.
Manuel Espinar, presidente de Hostelería Valencia, también alerta de las consecuencias laborales de la medida. Según explica, la apertura de una terraza puede incrementar la plantilla de un establecimiento entre un 30% y un 40%. Además, cuestiona que los camareros deban asumir labores de vigilancia y controlar que los clientes cumplan la prohibición.
Los representantes empresariales consideran que la medida no eliminará el consumo, sino que desplazará a los fumadores hacia calles, patios interiores u otros espacios cercanos. Por este motivo, las asociaciones tienen previsto trasladar sus preocupaciones a los grupos parlamentarios durante la tramitación de la norma.
Hoteles y transportistas reclaman diálogo
La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid comparte el objetivo de proteger la salud pública, pero pide que se analice previamente el impacto económico y operativo de las restricciones. Los hoteleros temen que España pierda competitividad frente a otros destinos turísticos europeos y reclaman un marco claro sobre las obligaciones de los establecimientos, los criterios de inspección y la fecha de entrada en vigor.
La organización solicita que las empresas del sector participen en la tramitación parlamentaria para conseguir una regulación que combine la prevención del tabaquismo con la competitividad turística.
El proyecto también ha generado rechazo entre los transportistas por la prohibición de fumar en vehículos de trabajo, como camiones, furgonetas de reparto y coches de empresa, salvo cuando tengan un uso personal.
La Confederación Española del Transporte de Mercancías considera que esta limitación es desproporcionada, especialmente cuando los conductores trabajan solos y el consumo no afecta a terceras personas. La entidad denuncia, además, que el Comité Nacional del Transporte por Carretera no fue consultado durante la elaboración de la propuesta.
