El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha puesto en marcha la nueva línea ICO Garantía SGR 2012, dotada con un importe inicial de 1.000 millones de euros, con el objetivo de que autónomos y pymes puedan acceder a la financiación mejorando la calidad de sus operaciones mediante el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).
Este producto completa el catálogo de líneas ICO 2012 diseñado para ofrecer una solución «integral» a las demandas de autónomos y pymes. En este caso, el ICO señala que la concesión de un aval por parte de una SGR supone una «notable mejora» en la calidad de las operaciones, «aumentando las posibilidades de acceder al préstamo solicitado a través de las entidades de crédito».
La nueva línea se comercializará a través de las entidades de crédito que se adhieran a ella. Los clientes interesados en solicitarla deben acudir a una SGR o a una sucursal de las entidades colaboradoras para iniciar el proceso de solicitud.
El programa cuenta con cuatro tramos divididos en función de la finalidad de la financiación: inversión, internacionalización, emprendedores o liquidez.
Los tres primeros tramos están destinados a financiar inversiones y el de liquidez a cubrir necesidades de financiación de capital circulante.
Cada cliente, en función de la fecha de inicio de su actividad y de la tipología de su proyecto, solicitará financiación a través del tramo que mejor se adapte a sus necesidades. El importe máximo para las operaciones avaladas al 100% por la SGR será de hasta un millón de euros por cliente y para las operaciones avaladas al 50% este importe será de 60.000 euros.
El aval concedido por la SGR será por el 100% de la operación para los tramos de emprendedores, inversión e internacionalización. En el caso de las solicitudes para el tramo de liquidez, el aval podrá cubrir el 100% o el 50% de la operación. El coste del aval se sitúa entre el 0,90% y el 1,20% del saldo vivo avalado.
El plazo para devolver los préstamos de los tramos de emprendedores y liquidez será de hasta siete años, en el caso de internacionalización se amplía hasta doce años y en el de inversión hasta quince años. En todos los casos se contempla la posibilidad de que el plazo amortización cuente con un período de carencia.