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miércoles, mayo 22, 2024
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La banca rechaza la Autoridad del Cliente Financiero

La banca rechaza la Autoridad del Cliente Financiero

El secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, ha advertido sobre la posibilidad de que la nueva Autoridad para el Cliente Financiero sea inconstitucional, tanto por la invasión de competencias en materia judicial como por la tasa de 250 euros que los bancos tendrían que abonar cada vez que se acepte a trámite una reclamación de un cliente.

Rodríguez Pellitero ha comparecido en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso, precisamente para posicionarse en torno al proyecto de ley por el que se crea la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.

Sin embargo, ha indicado que el organismo puede incurrir en inconstitucionalidad por dos motivos. El primero es por la vulneración del artículo 117 de la Constitución, referido a la exclusividad e integridad de la función jurisdiccional.

El dirigente de la AEB cree que con esta autoridad existe «un riesgo» de vulneración al atribuir a esta entidad competencias «tan intensas en el ámbito judicial». «Se puede llegar a traspasar ese límite», ha advertido el secretario general de AEB. De hecho, ha echado en falta en el anteproyecto de ley un informe del Consejo General del Poder Judicial para pronunciarse al ámbito de actuación del nuevo organismo.

Por otro lado, el representante de la banca se ha pronunciado sobre la tasa de 250 euros que los bancos tendrán que abonar por cada reclamación de un cliente admitida. Para el secretario de AEB esto «no tiene ningún sentido» y también puede llegar a ser inconstitucional.

A su juicio, esto podría conllevar un efecto perverso añadido provocada por la «industria del pleito» contra la banca. Esta industria del pleito a la que hace referencia Pellitero es la conformada por abogados de clientes que insisten en mantener litigios con la banca para su propio beneficio.

En este sentido, el secretario de la patronal ha indicado que en el caso de que un grupo de clientes articule una campaña de reclamación contra una comisión de mantenimiento de una entidad de, por ejemplo, 80 euros, y que sea «perfectamente lícita», a la entidad no le va a interesar defender cada caso, ya que le supondría abonar por cada caso 250 euros.

Esto, ha explicado Pellitero, implica una situación de «imposibilidad de racionalidad económica» de poder defender su posición, lo que explica la posible inconstitucionalidad de la tasa.

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