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Fedea: el actual sistema de pensiones no es viable ni con pleno empleo

Fedea: el actual sistema de pensiones no es viable ni con pleno empleo

El actual sistema de pensiones español no es viable ni con pleno empleo, según ha advertido la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Incluso ante el escenario demográfico más optimista, el desfase entre los ingresos y los gastos del sistema público de pensiones alcanzaría 7,4 puntos del PIB (unos 80.000 millones de euros) en 2050, ya que los gastos supondrán el 17,4% del PIB y los ingresos el 10% siempre que se mantengan las condiciones actuales.

En un estudio titulado ‘Medidas para restaurar (o no) la sostenibilidad financiera de las pensiones’, firmado por José Ignacio Conde-Ruiz, se alerta de que las medidas que tradicionalmente se ofrecen para solucionar el déficit del sistema, como alcanzar el pleno empleo, aumentar los salarios o subir cotizaciones e impuestos para financiar las pensiones, no serían suficientes para acabar con el desfase entre ingresos y gastos.

En este sentido y ante un escenario de consecución del pleno empleo, que Conde-Ruiz entiende por ello una tasa de empleo del 73%, el gasto en pensiones como porcentaje del PIB sería un 16,5% más bajo que el actual, pero todavía un porcentaje muy inferior al correspondiente aumento de dicho gasto por razones demográficas, dada la mayor esperanza de vida de España frente a otros países, la baja tasa de fecundidad (1,3 hijos por mujer) y un proceso de envejecimiento que avanza con cierto retraso respecto a otros países industrializados.

«Alcanzar el pleno empleo tan solo serviría para compensar (aproximadamente) una quinta parte del aumento del gasto en pensiones asociado al envejecimiento demográfico», alerta Fedea, que calcula que España tendrá en las próximas décadas una de las tasas de dependencia, definida como la ratio entre población mayor de 67 años y la población entre 16 y 66 años, más elevadas del mundo, ya que aumentará desde el 24,8% actual al 60,2% en 2050, mientras que la media de la UE no superará el 50% en dicho año.

Además de no solucionarse el problema de las pensiones con la consecución del pleno empleo, Fedea desmonta también el argumento esgrimido por algunos acerca de que un aumento de los salarios puede mejorar de manera considerable las pensiones. En este sentido, indica que aumentos salariales, aun causados por un repunte considerable del crecimiento de la productividad, no podrán cubrir toda la brecha entre ingresos y gastos del sistema público de pensiones, sino solo una pequeña parte.

Asimismo, indica que el aumento de los salarios tendría que ser de una magnitud tan considerable para cerrar la brecha entre ingresos y gastos del sistema, que «no parece dentro de lo cuantitativamente razonable», al tiempo que advierte de que los ingresos del sistema no dependen del aumento de los salarios, sino «exclusivamente» del tipo impositivo efectivo de las cotizaciones sociales y de la ratio entre número de pensiones a financiar y número de cotizantes.

A pesar de la importancia de las cotizaciones para el sistema, Fedea también cuestiona la idea de que aumentarlas arreglaría el problema del déficit. En este punto, afirma que para recaudar 7,4 puntos del PIB –el déficit que estima que tendrá el sistema en unas décadas– vía cotizaciones es necesario incrementar el tipo efectivo de cotización del 21% al 36,5%, algo que implicaría unos costes laborales «realmente incompatibles» con el escenario de pleno empleo que se pretende alcanzar.

Por otro lado, apunta que un destope de la base máxima de cotización que fuera acompañado de la congelación de la pensión máxima podría producir una mejora de las cuentas de la Seguridad Social, pero en este caso se reduciría la naturaleza contributiva del sistema que se pretende preservar reformando el sistema actual hacia otro de naturaleza asistencial.

Por último, Fedea también cuestiona que la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones se restaure usando los impuestos generales. Así, apunta que a primera vista utilizar impuestos para financiar las pensiones parece una medida razonable y es incluso «inevitable» a corto plazo, pero añade que con un déficit del sistema de 7,4 puntos del PIB en el medio plazo, un déficit público del 4,5% y una deuda pública en el 100% del PIB, no parece que exista mucho margen para obtener tales recursos adicionales.

Además, afirma que usar otros impuestos, como el IVA o el IRPF, para financiar las pensiones contributivas, rompe también el principio de contributividad, porque una persona que no ha trabajado lo suficiente y no tiene derecho a una pensión contributiva, podría reclamarla aludiendo a que en realidad si está aportando al sistema a través del pago el IVA o del IRPF, al tiempo que un aumento de estos tributos acabaría repercutiendo en los mismos pensionistas a los que se quiere proteger.

Respecto a las dos últimas reformas de las pensiones, las aprobadas en 2011 y 2013, Conde-Ruiz indica que, de acuerdo con las mismas, la revalorización de las pensiones se mantendrá en el 0,25% durante décadas, y por tanto «cuasi congeladas», algo que no comparte Fedea porque «no tiene mucho sentido económico» y rompe uno de los principios básicos de las pensiones, como es proveer una renta vitalicia a los trabajadores hasta su fallecimiento. «Es extremadamente complicado gestionar el consumo de la vejez con una pensión con poder adquisitivo menguante», subraya el estudio.

Además, Fedea calcula que con el modelo actual las pensiones serán en 2050 un 7,5% más bajas de lo que serían sin la aplicación del factor de sostenibilidad, que liga la pensión a la esperanza de vida. En concreto, los que se jubilen en 2030 tendrán una pensión un 5% inferior, y para los que se jubilen en 2040, será un 10% más baja.

Ante este panorama, Fedea afirma que el futuro de las pensiones se garantizará por la combinación de una batería de medidas: alcanzar el pleno empleo, eliminar la precariedad laboral para aumentar las tasas de fecundidad, mejorar la educación para aumentar la productividad y elevar los ingresos del sistema. Y como todo ello tampoco sería suficiente, propone cambiar el sistema actual por uno de reparto de cuentas nocionales.

De esta forma, la pensión de jubilación a la que tendrá derecho el trabajador se calcularía en función de lo aportado durante toda su vida, que está registrado en dicha cuenta nocional, y de ciertas reglas que tengan en cuenta la esperanza de vida en el momento de la jubilación e incluso de algunas variables como la ratio entre cotizantes y jubilados o el crecimiento del PIB.

Fedea resalta en su informe que «Dicho de otro modo, la pensión que percibirá el trabajador deberá respetar algún tipo de equivalencia o factor de proporcionalidad entre lo aportado y los años esperados que va a percibir la pensión a lo largo de toda su vida».

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