La Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha decidido aprobar las pautas que permitirán a las empresas públicas negociar la extensión a sus empleados de la subida salarial de 2020 ya aplicada a los funcionarios.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han indicado que con la aprobación de esas pautas se inicia el procedimiento para llevar a cabo la revalorización salarial reclamada desde los sindicatos.
El acuerdo para la mejora del empleo público firmado en 2018 preveía una subida salarial del 2% para los empleados públicos en 2020, que ya fue aprobada para este colectivo el pasado 21 de enero.
Sin embargo, como es habitual, la revalorización no se aplica directamente a los empleados de empresas públicas como Correos, Paradores o AENA, sino que tiene que negociarse previamente entre la estas compañías y sus trabajadores.
El sindicato CSIF ya denunció la pasada semana que esta negociación aún no había comenzado, algo que ocurrirá ahora tras la aprobación de las pautas para que las compañías abran conversaciones que permitan la revalorización.
Esta misma semana, también se ha podido conocer que la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) avanza en el proceso para estructurar e invertir el fondo de 10.000 millones para rescatar empresas en problemas por la crisis del coronavirus al que dio luz verde el Gobierno antes de verano. Con varias peticiones sobre la mano, el organismo público sondea con varios bancos de inversión que operan en España para que actúen como asesores financieros para el fondo público.
Oficialmente, ya se conoce el nombre de dos empresas que han apelado al dinero público; Air Europa, que ha solicitado un crédito de 400 millones (de los que 200 millones serán de carácter participativo), y Duro Felguera, que plantea una inyección de 100 millones y que el Estado entre en el capital.
La siderúrgica catalana Celsa, también se plantea solicitar la ayuda y fuentes del sector barajan que pida 200 millones. La Sepi maneja solicitudes de ayuda ya por 1.000 millones de euro. Otras firmas, como Abengoa o Codere, también rondan al Estado.
Por otra parte, el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) elaborará un nuevo protocolo de prevención de riesgos de contagio frente a la COVID-19 para las estaciones de esquí de España.
Para ello, «seguirá el mismo proceso que con los protocolos de los 22 subsectores españoles desarrollados por el Instituto, contando con la colaboración de los agentes del sector y en coordinación con la Secretaría de Estado de Turismo», según ha informado la entidad.
El ICTE lanzará esta próxima semana una convocatoria a diferentes agentes implicados (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y empresas públicas y privadas del subsector de las estaciones de esquí) «con el objetivo de establecer las medidas necesarias de forma coordinada».