La propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica elaborada por el Ministerio de Hacienda aumentará el impacto económico sobre las comunidades que decidan aplicar rebajas o bonificaciones fiscales. El sistema ampliará tanto los recursos incluidos en la caja común como los criterios utilizados para calcular cuánto debe aportar cada territorio.
El Gobierno defiende que la reforma permitirá mejorar la redistribución de los fondos entre las comunidades autónomas y medir de una forma más precisa la capacidad fiscal de cada una. Sin embargo, la modificación también provocará que las regiones que reduzcan determinados tributos dispongan de menos recursos y tengan que asumir con sus propios fondos la diferencia entre la recaudación teórica y la real.
La propuesta incorpora a la cesta común impuestos sobre depósitos bancarios, actividades del juego, depósitos de residuos en vertederos y patrimonio. Actualmente, estos tributos son gestionados e ingresados íntegramente por las haciendas autonómicas.
La recaudación normativa gana peso
El actual modelo utiliza el concepto de recaudación normativa para estimar cuánto podría ingresar una comunidad autónoma mediante los impuestos que tiene cedidos. El cálculo se realiza teniendo en cuenta aspectos como la población ajustada y aplicando la normativa tributaria general, sin descontar las bonificaciones aprobadas por los gobiernos regionales.
De esta forma, Hacienda establece una cantidad teórica que cada territorio debería aportar al sistema, aunque su recaudación real sea inferior como consecuencia de una rebaja fiscal. Posteriormente, los fondos se redistribuyen de acuerdo con los criterios demográficos y económicos establecidos en el modelo de financiación.
En este cálculo se incluyen actualmente el IRPF y el IVA, cedidos al 50%, así como determinados impuestos especiales y el tributo de sucesiones y donaciones. La propuesta plantea aumentar la participación autonómica en el IRPF hasta el 55% y en el IVA hasta el 56,5%.
El nuevo planteamiento establece que los territorios deberán aportar a la caja común la recaudación correspondiente a todos los impuestos cedidos, independientemente de que hayan aplicado bonificaciones. Hasta ahora, tributos como el de patrimonio se utilizaban principalmente para calcular las entregas a cuenta, pero no exigían que toda su recaudación se integrase en la liquidación común.
La diferencia generada por una bonificación fiscal deberá ser cubierta con recursos propios por la comunidad correspondiente cuando se realice la liquidación de final de año. Hacienda sostiene que esta metodología permitirá obtener una medición más correcta de la capacidad fiscal y mejorar la equidad de los cálculos.
Mayor capacidad fiscal y menos margen para las bonificaciones
El aumento del porcentaje de cesión del IRPF otorgará más capacidad recaudatoria a las comunidades autónomas, pero también elevará la cantidad que se utiliza para calcular su aportación al sistema.
Según la liquidación correspondiente a 2023, la Comunidad de Madrid tenía una capacidad normativa de recaudación por IRPF de 15.985 millones de euros, frente a unos ingresos reales de 14.245 millones. La diferencia entre ambas cifras alcanzó aproximadamente los 1.700 millones de euros.
Con una cesión del 55% del IRPF, la capacidad teórica de recaudación de la región ascendería hasta los 17.583 millones de euros. Esto ampliaría la diferencia que Madrid tendría que compensar en caso de mantener sus bonificaciones fiscales.
La reforma mantiene una línea similar a la propuesta presentada a comienzos de año por María Jesús Montero cuando estaba al frente de Hacienda. La entonces vicepresidenta primera defendió la necesidad de limitar legislativamente el denominado dumping fiscal, término utilizado para describir las rebajas de impuestos y bonificaciones aplicadas por algunas comunidades para mejorar su competitividad tributaria.
