
La Comisión Europea trabaja en una reforma del sistema de peajes eléctricos que pretende transformar la forma en que consumidores, industrias y nuevos grandes demandantes pagan por utilizar la red. El planteamiento pasa por incorporar señales de capacidad, horarias y locacionales, de modo que el coste no dependa únicamente de la energía consumida, sino también de cómo, cuándo y dónde se emplea.
La iniciativa figura en un borrador de propuesta para modificar el Reglamento europeo sobre el mercado interior de la electricidad. El texto todavía está pendiente de adopción formal, aunque anticipa una revisión relevante del papel de los peajes de transporte y distribución en un contexto de mayor electrificación, crecimiento de las renovables y necesidad de ampliar las infraestructuras.
Una red más cara y con mayores necesidades de inversión
Bruselas parte de la necesidad de contener el aumento de los costes asociados a las redes eléctricas. Según recoge el borrador, estos costes ya representan entre el 24% y el 29% de la factura eléctrica de los hogares europeos.
Además, las necesidades de inversión en transporte y distribución podrían situarse entre 75.000 y 100.000 millones de euros anuales en Europa hacia 2050. La Comisión considera que el refuerzo de la red será imprescindible para impulsar la electrificación de la industria, la movilidad y los edificios, pero advierte de que será necesario aprovechar con mayor eficiencia las infraestructuras existentes.
El objetivo es que los peajes no se limiten a cubrir los costes reconocidos de los operadores. La propuesta busca que se conviertan también en una herramienta para orientar inversiones y modificar hábitos de consumo cuando ello contribuya a reducir tensiones en el sistema.
Más coste cuando se exige más potencia a la red
Una de las principales novedades sería la incorporación de señales de capacidad. Este mecanismo supondría que los usuarios no solo pagasen por los kilovatios hora consumidos, sino también por la potencia que requieren de la red, especialmente en periodos de elevada demanda.
La intención es reducir los picos de consumo que obligan a sobredimensionar las infraestructuras y elevan la inversión necesaria. Este cambio tendría especial impacto en grandes industrias, centros de datos, instalaciones de recarga eléctrica y otros consumidores con una elevada demanda de potencia.
La reforma incentivaría que estos usuarios modulen su actividad, ajusten su contratación de capacidad o desplacen parte de su consumo a momentos con menor tensión sobre la red.
Tarifas distintas según la hora de uso
El borrador también plantea una mayor presencia de componentes horarios en los peajes. La propuesta permitiría diferenciar el coste de usar la red según el momento del día o del año en el que se consume electricidad.
Bruselas parte de que no tiene el mismo efecto sobre la infraestructura consumir en periodos de saturación que hacerlo en franjas con una mayor producción renovable. En España, el documento apunta al mediodía como una franja en la que puede registrarse una elevada generación renovable.
Con estas señales, la Comisión quiere favorecer un uso más eficiente de la red, limitar vertidos de energía renovable y reducir costes relacionados con el redespacho y los servicios de ajuste.
La ubicación también influirá en los peajes
La tercera pieza de la reforma son las señales locacionales. Este elemento permitiría que los peajes trasladaran información económica sobre el lugar donde se consume electricidad, se inyecta energía a la red o se conectan nuevos proyectos.
El planteamiento podría afectar a grandes consumidores industriales, centros de datos, instalaciones de almacenamiento, renovables y nuevos desarrollos eléctricos ubicados en zonas con redes saturadas. La finalidad es orientar las inversiones hacia los puntos donde resulten más eficientes para el conjunto del sistema.
Pese a estos cambios, la propuesta mantiene los principios de transparencia, no discriminación y reflejo de costes. Las tarifas deberán tener en cuenta los costes de transporte y distribución de operadores eficientes, incluidos gastos de capital y costes operativos.
Impulso al almacenamiento y a los contadores inteligentes
El almacenamiento eléctrico recibe un tratamiento específico en el borrador. La Comisión plantea que las tarifas aplicables a las baterías reflejen los beneficios que aportan a la red y se limiten a los costes que realmente generan. También pide evitar diseños que provoquen una doble carga para estas instalaciones.
El texto abre, además, la posibilidad de establecer regímenes especiales para determinados usuarios, como la industria electrointensiva o las comunidades energéticas, siempre que se justifique que su impacto sobre las redes es proporcionalmente diferente y se respete el principio de reflejo de costes.
La reforma se completa con medidas de digitalización. Bruselas propone que al menos el 50% de los clientes finales de cada Estado miembro disponga de contador inteligente en 2030 y que la cobertura alcance el 65% en 2033. La Comisión considera que estos dispositivos serán esenciales para que consumidores y empresas puedan responder a las nuevas señales de capacidad y horario.


