El portavoz de la Representación de la Comisión Europea en España, Maciej Berestecki, ha asegurado esta semana que Bruselas no ha detectado «importantes» retrasos en el reparto por parte del Gobierno de España de los fondos de recuperación ‘Next Generation’ como para que la Comisión «tenga que intervenir» para acelerar o mejorar ese reparto.
El representante europeo en España ha hecho esta valoración durante un encuentro con los medios en Bilbao para informar sobre el impacto de las políticas de la Unión Europea en el País Vasco.
Tal y como ha explicado, al tratarse de una gran cantidad de fondos, su gestión requiere «un esfuerzo administrativo enorme», por lo que, en principio, lo que han observado desde Bruselas son «algunos pequeños problemas en su distribución o la organización de las convocatorias, en el acceso a las mismas o entre empresas grandes y pequeñas por el volumen de fondos manejados», ha enumerado.
En todo caso, Maciej Berestecki ha reconocido que desde la Comisión no pueden «ver muy en detalle cómo se distribuyen esos fondos a cada proyecto concreto o comunidad autónoma en particular», sino que su función se limita a «evaluar el grado de cumplimiento de las reformas e inversiones que se fijan desde Europa para recibir las partidas solicitadas, así como con «los hitos y objetivos fijados».
A partir de ahí, ha remarcado que se evalúa y colabora desde la Comisión con cada país «de forma regular y casi cotidiana». «Tengo que decir que no vemos unos problemas grandes como para que la Comisión tenga que intervenir en el caso de España», ha reiterado; para añadir que los problemas detectados a nivel español, «se dan también en otros países miembros».
En este punto, ha insistido en que la Comisión no interviene «oficialmente en los problemas de distribución a nivel regional», pero que «si se detectan algunos problemas», se procede a hablar con los gobiernos para «ayudar o aconsejar», pero «no hay una vía oficial para intervenir salvo desde la evaluación del grado de cumplimiento de las reformas».
Preguntado por cuándo prevé que la Unión Europea apruebe el pago de los 6.000 millones que ha solicitado España en noviembre como tercer pago, Berestecki ha estimado que el visto bueno se tomará «de forma más probable» en febrero, ya que está condicionada al cumplimiento de las 29 reformas que se han fijado como requisitos para contar con este tercer tramo de subvenciones.