El Consejo para la Defensa del Contribuyente, perteneciente a la Secretaría de Estado de Hacienda, recibió un total de 7.700 quejas y sugerencias -7.422 quejas y 278 sugerencias- en 2018 relacionadas con las actuaciones de la Agencia Tributaria, lo que supone un 5,77% más que el año anterior.
De acuerdo con la memoria de la Agencia Tributaria del año pasado, la mayor parte de las quejas y sugerencias (2.369) estaban relacionadas con aspectos comunes, seguidas de las relativas a asistencia (1.830), información (1.707) y asuntos generales o entorno (794).
Después de estas materias se encuentran las quejas sobre recaudación (469), certificados (154), deducciones anticipadas (121), procedimiento sancionador (73) y aplazamientos y fraccionamientos (70).
La Agencia Tributaria contaba al cierre de 2018 con una plantilla, incluyendo los 90 funcionarios en prácticas, de 24.939 personas, un 0,85% menos, de las que el 53,1% eran mujeres. La edad media era de 52,16 años.
En el conjunto de 2018, cada empleado -sin incluir a los funcionarios en prácticas- obtuvo una media de 607.187 euros en la lucha contra el fraude.
El presupuesto de la Agencia Tributaria en el 2018 fue de 1.383,5 millones de euros, con un gasto de 1.354 millones de euros, un 5% más, dividido en gastos de personal (1.073,8 millones de euros), gastos corrientes (241,1 millones de euros), inversiones (38,1 millones de euros y otros (1 millón).
El comunicado de Hacienda detalla que, a lo largo del año, la Agencia remitió al Ministerio Fiscal 177 informes de delito fiscal, un 21,3% menos que el año anterior, relativos a un total de 110,7 millones de euros, un 66,2% menos.
En relación a los aplazamientos solicitados, se situaron en 1,7 millones de euros, un 12,9% más, por un total de 7.149,3 millones de euros, un 2,7% más.
El Consejo para la Defensa del Contribuyente tiene la naturaleza jurídica de órgano colegiado de la Administración del Estado, integrado en el Ministerio de Hacienda y adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda.
Se encarga de velar por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atender las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuar las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente se determinen.