España aboga por crear un fondo de hasta 1,5 billones de euros para relanzar la economía comunitaria tras la pandemia de Covid-19 que estaría financiado con deuda perpetua emitida por instituciones europeas y sería distribuido entre los Estados miembros a través de trasferencias directas y no préstamos que las capitales tendrían que devolver.
El Gobierno ha elaborado un documento con el que busca alimentar el debate entre los jefes de Estado y de Gobierno de este jueves. En el texto, España aboga por completar las medidas de corto plazo ya acordadas por el Eurogrupo con un Fondo de Recuperación Económica que conceda subvenciones a los Estados miembros, evitando así que se disparen sus deudas públicas nacionales.
El Gobierno de Pedro Sánchez defiende que este fondo debería estar operativo desde el 1 de enero de 2021 y su vida se extendería durante dos o tres años. Su tamaño debe ser «lo suficientemente grande» como para tener un impacto significativo y compensar las consecuencias de la crisis del coronavirus. «Muchos expertos lo estiman entre 1 y 1,5 billones de euros», señala el documento.
España propone que este fondo esté financiado con deuda perpetua (sólo se pagarían los intereses) emitida por las instituciones europeas, como la Comisión Europea. Esto aseguraría que los bonos tendrían la mayor calidad crediticia (AAA).
Además, el documento español propone que para pagar los intereses de esta deuda se creen nuevos impuestos europeos para gravar por ejemplo, la entrada de carbono en el bloque o las emisiones de CO2.
Los fondos recaudados con esta deuda se distribuirían entre las capitales europeas a través de subvenciones siguiendo una clave de reparto nueva vinculada al impacto de la pandemia, dejando a un lado el método tradicional basado en el peso de cada economía europea en el PIB conjunto. El texto propone indicadores como el porcentaje de la población afectada, la caída del PIB o el incremento del desempleo.
Además, España sugiere que el fondo de prioridad a los programas nacionales que busquen financiar las transiciones ecológica y digital, así como impulsar su «autonomía industrial y tecnológica».