El Banco de España estima que la cifra de españoles afectados por Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) será de 3,1 millones, con una duración del estado de alarma de ocho semanas.
El organismo detalla que estos afectados se sumarán a unos 900.000 por las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos y otros 600.000 por las prestaciones por desempleo de trabajadores temporales, con un total de 4,6 millones de afectados, lo que comportará un coste conjunto para las arcas públicas de 6.000 millones de euros, el 70% por mayor subsidio de desempleo y el 30% en menores cotizaciones a la Seguridad Social.
Además, calcula un importe de hasta 22.800 millones derivado de la moratoria de deudas tributarias y otros 3.500 millones la cuantía por el aplazamiento de los pagos impositivos al 20 de mayo.
Este es el cálculo que realiza el organismo supervisor en su artículo analítico ‘Escenarios macroeconómicos de referencia para la economía española tras el Covid-19’, publicado este lunes, en el que, en función de distintos escenarios dependiendo de la duración, prevé una caída del PIB de entre un 6,6% y un 13,6%, un déficit de entre el 7% y el 11% y una tasa de paro de entre el 18,3% y un 21,7%.
El organismo explica que las actuaciones implementadas por el Gobierno para paliar la crisis del Covid-19 se centran en tres ámbitos: el reforzamiento del sistema sanitario, la protección del empleo y el apoyo a los hogares vulnerables, y la provisión de liquidez a las empresas.
De estas tres áreas, señala que la única que tiene un coste presupuestario «bien definido» es el aumento del consumo público relacionado con el incremento del gasto sanitario, que engloba partidas por 4.400 millones de euros (el 0,4% del PIB de 2019).
Esta cantidad incorpora 2.800 millones de euros destinados a las CCAA, 1.000 millones gestionados por el Ministerio de Sanidad, 30 millones para la investigación relacionada con la creación de una vacuna contra el virus y 600 millones para que las CCAA y las corporaciones locales puedan garantizar los servicios sanitarios de los más vulnerables.
Sobre el resto de las actuaciones contempladas apunta que tendrán un impacto «potencialmente elevado» sobre el déficit público de 2020, pero «de magnitud todavía incierta».
Así, señala que las medidas de apoyo al empleo y a las rentas de hogares vulnerables incluyen una flexibilización de los expedientes de suspensión temporal de empleo y reducción de jornada (ERTE) y la exoneración de las correspondientes cuotas de la Seguridad Social, un subsidio especial de desempleo para trabajadores temporales y del régimen especial de empleo doméstico y, por último, la facilitación del acceso a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.