Conpymes recordó que el proyecto de ley actual propone sustituir la directiva existente por un reglamento que, a diferencia de la directiva, será directamente aplicable e introducirá normas uniformes en toda la Union Europea.
Mediante una carta enviada a los parlamentarios europeos, el presidente de Conpymes, José María Torres, recuerda que, a pesar de los importantes avances de los últimos años, «la morosidad perjudica la competitividad y el crecimiento de las empresas en toda Europa, afectando no solo a España, sino también a muchos otros estados miembros, como Italia, Dinamarca o Rumanía».
Asimismo, Torres ha señalado que «la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea es un paso adelante para seguir recortando plazos de pago» y ha puesto en valor el «excelente trabajo» de la eurodiputada polaca Roza Thun, que ha presentado nueve enmiendas para mejorar dicho reglamento, abordando cuestiones específicas. En este sentido, el presidente de Conpymes ha pedido a los europarlamentarios que voten a favor de dichas enmiendas este jueves, 22 de febrero.
Por otro lado, Conpymes se ha mostrado en contra del conjunto de enmiendas que han presentado algunos grupos parlamentarios europeos, basadas en el argumento de la «libertad del pacto entre las partes», lo que generaría plazos más largos a los previstos por el reglamento. En estas enmiendas proponen la posibilidad de alargar los plazos de pago a más de 30 días siempre que se especifique en contrato y el alargamiento no sea «manifiestamente injusto» para el acreedor. «Es difícil esperar que las cláusulas contractuales indiquen, en estas circunstancias, de manera explícita algo que pueda interpretarse como manifiestamente injusto, por lo que estamos ante una contradicción en sus propios términos», ha señalado José María Torres.
Además, avisa Conpymes, «aunque la modificación excluiría la posibilidad de aplicación entre pymes y grandes empresas o la administración, la experiencia demuestra que las compañías más grandes disponen de los medios para obviarla si, por ejemplo, se firmaran los contratos a través de compañías interpuestas de menor tamaño». Cabe remarcar, también, que, generalmente, las empresas peores pagadoras son aquellas de mayor tamaño, que cuentan con manifiestos de Responsabilidad Social Corporativa.
Asimismo, la condición adicional de notificar dicha excepción a la «autoridad de aplicación» implica una carga administrativa añadida, mayores controles burocráticos, extra costes para todas las partes involucradas y un control imposible por parte de la mencionada autoridad. Por su parte, la propuesta incluye también la eliminación del control de pagos a subcontratistas en la contratación pública. Por tanto, se perjudica a los subcontratistas, que cobrarán sus facturas a mayores plazos, sin control alguno ni responsabilidad por parte de las Administraciones Públicas. «Si la parte económicamente más débil debe financiar a la más fuerte se pierde el equilibrio que las enmiendas pretenden erróneamente transmitir. La libertad de plazos de pago puede no ser equitativa, mejorando a una parte a costa de la otra. La ley debe tener en cuenta las diferencias entre las partes para asegurar que el resultado sea neutro», ha concluido.
