En el marco de la reunión de ministros de Energía europeos, los Veintisiete extienden hasta enero de 2025 el mecanismo de corrección del mercado para proteger a los ciudadanos y la economía de la UE contra precios excesivamente altos. El instrumento se activa cuando se superen los 180 euros en el mercado europeo durante tres días seguidos y haya una diferencia de precio de 35 euros respecto a los mercados internacionales también durante esos tres días.
La prórroga de las tres medidas de emergencia es «necesaria» a ojos de la vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha destacado el papel de las medidas para «hacer frente a una situación aún frágil en la UE tras la invasión de Ucrania por Rusia».
«Nos permitirá garantizar la estabilización de los mercados energéticos, paliar el efecto de la crisis y proteger a los ciudadanos de la UE de unos precios de la energía excesivamente elevados», ha valorado en el último consejo de Energía que preside como presidencia rotatoria del Consejo.
La medida, propuesta en su momento por España, Bélgica y Grecia, se introdujo en respuesta a los precios excesivamente altos registrados en 2022 y a la preocupación de que la Unión Europea tuviera que hacer frente a precios más altos que otros mercados del mundo para asegurarse el suministro de gas.
Igualmente, la UE extiende hasta finales de 2024 las medidas para aumentar el intercambio de energía frente a situaciones de escasez de suministro, a través de una mejor coordinación de las compras de gas, referencias de precios fiables e intercambios transfronterizos de gas. En todo caso, suprimen la participación obligatoria en la agregación de la demanda.
Hasta junio de 2025 estará vigente el marco europeo para acelerar el despliegue de las energías renovables, que persigue hacer frente a la crisis energética, reducir la dependencia de la UE de los combustibles fósiles rusos y seguir avanzando en los objetivos climáticos de la UE. Con esta medida la UE reduce los plazos burocráticos y acelera el proceso de concesión de permisos y el despliegue de proyectos de energías renovables.