José Luis Escrivá, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha avanzado que la afiliación al sistema de la Seguridad Social está experimentado en el mes de noviembre un «fuerte crecimiento», con cerca de 80.000 cotizantes más en términos promedios y desestacionalizados.
También ha destacado que el número de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se sitúa actualmente en 707.673. De ellos, más de 323.000 se deben a la segunda ola de la pandemia y la vuelta a las restricciones, gracias a la nueva regulación que se dio a este instrumento en el decreto que prorrogaba los ERTE hasta el 31 de enero y en el que se definían dos nuevas figuras: los ERTE de limitación de actividad y los ERTE de impedimento.
En concreto, Escrivá ha publicado en su cuenta de Twitter que el número total de trabajadores en ERTE alcanza los 707.673, cifra que al compararse con la que existía a finales de septiembre -antes de la nueva regulación- supone un descenso de 21.236 afectados por ERTE. Es decir, que mientras que a finales de septiembre había 728.909 trabajadores en ERTE, actualmente hay algo más de 707.000.
Según el gráfico que acompaña al tuit del ministro, desde finales de septiembre hasta ahora los trabajadores en ERTE procedentes de la antigua regulación (la que regía hasta el 30 de septiembre) se han reducido en 344.718, pero al mismo tiempo han aumentado en 323.482 los procedentes de la nueva regulación, en vigor hasta el 31 de enero.
En el caso de las nuevas modalidades de ERTE vigentes, a las que pueden acogerse empresas de cualquier sector, se distinguen dos tipos: los ERTE por impedimento de actividad como consecuencia de restricciones adoptadas por las autoridades (por ejemplo, las empresas de ocio nocturno), y los ERTE de limitación de actividad, destinados a las empresas que vean alterada su actividad cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite, por ejemplo, los aforos y los horarios.
Los ERTE de limitación de actividad van acompañados de exenciones de cuotas de entre el 70% y el 100%, mientras que los ERTE de impedimento de la actividad contemplan exenciones de entre el 90% y el 100%.
Recientemente, la subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Raquel González Peña, ha puesto en valor la partida de 192,7 millones de euros provenientes del Fondo de Recuperación y Resiliencia. Estos recursos permitirán por ejemplo destinar 100 millones para reformar el sistema de acogida de solicitantes de asilo, y 40 millones para el desarrollo de las políticas de inclusión. Además, estas cuentas recogen una partida de 56,2 millones para los procesos de digitalización de las políticas de este ministerio.
Como novedad en este ejercicio los Presupuestos recogen el Libro Azul, en el que se ponen en valor los términos de igualdad, familia, infancia y adolescencia, así como los objetivos de desarrollo sostenible. La subsecretaria ha recordado que el Informe de Impacto de Género realizado por primera vez en estos presupuestos de 2021 confirma que de los 11 programas con los que cuenta el Ministerio, 10 tienen una pertinencia de género media o alta; y de éstos, el 86% tienen un alto poder transformador en el ámbito de la igualdad de género.