Hoy miércoles, está previsto que se cierre en la Eurocámara el acuerdo definitivo sobre una nueva norma que proporcionará mayor control a la Comisión Europea sobre los presupuestos nacionales de los Estados miembros. Permitirá a la CE solicitar modificaciones si se detectan desviaciones importantes de los objetivos de ajuste fiscal establecidos para cada país.
«Hay un 89% de posibilidades de acuerdo», según han explicado fuentes europeas. La norma en cuestión completa el nuevo marco reforzado de disciplina presupuestaria del que se ha dotado la eurozona para tratar de prevenir nuevas crisis de deuda.
El pacto ha sido posible, tras casi un año de negociaciones, gracias al compromiso del Ejecutivo comunitario de poner en marcha un grupo de expertos independientes que se encargará de examinar la viabilidad de crear un fondo de amortización de la deuda y euroletras en la eurozona.
Esta era la exigencia de la Eurocámara para aceptar un mayor refuerzo de las reglas de disciplina fiscal en la eurozona. No obstante, Alemania, con el apoyo de países como Holanda o Finlandia, se opone a cualquier tipo de mutualización de la deuda, alegando que quitará presión a los países en crisis para hacer las reformas necesarias.
El grupo de expertos presentará sus conclusiones antes de marzo de 2014, pero éstas no tendrán carácter vinculante, sino que la Comisión deberá decidir si hace propuestas. Bruselas se compromete además a explorar vías de apoyo financiero para los Estados miembros que hagan las reformas que exige la UE.
La norma que aprobarán este miércoles la Eurocámara y los Veintisiete obliga a todos los Estados miembros a presentar a Bruselas, como muy tarde el 15 de octubre de cada año, un proyecto de plan presupuestario para el ejercicio siguiente.
El Ejecutivo comunitario presentará un dictamen si lo considera necesario y podrá reclamar cambios en el proyecto de presupuesto si detecta desviaciones importantes respecto a los objetivos de ajuste fiscal del país en cuestión.
Además, se dan nuevos poderes a la Comisión para que pueda someter a «vigilancia reforzada» a los países en crisis que amenacen la estabilidad financiera de la eurozona. Bruselas realizará un seguimiento trimestral de los países sometidos a este tipo de control y también podrá enviar misiones sobre el terreno cuando lo considere oportuno.
La nueva norma permitirá asimismo obligar a los países en crisis a que soliciten ayuda financiera a la UE. Se pretende así impedir un agravamiento de la situación y que se eleven los costes del rescate.