Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, ha anunciado que el fondo social de viviendas destinadas a los desahuciados estará dirigido a aquellas familias desalojadas con posterioridad al 1 de enero de 2008.
En respuesta a una interpelación de la senadora de la Entesa, Iolanda Pineda, el titular de Economía ha dicho que el beneficiario del fondo social deberá formalizar un contrato de arrendamiento, que exigirá un pago mensual de entre 150 a 400 euros, con un límite máximo del 30% de la renta familiar neta de la unidad y tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable por uno más, salvo que la familia desee cumplir alguno de los criterios marcados.
De Guindos ha dicho que este fondo social está dirigido a aquellas personas de «especial vulnerabilidad», al tiempo que ha adelantado que este convenio entre bancos y administraciones públicas cuenta con el respaldo de «la gran mayoría de las autoridades de crédito», que cederán 6.000 viviendas.
El ministro ha explicado que los inmuebles incorporados al parqué de viviendas sociales deberán ser propiedad de las entidades de crédito, no podrán haber sido transferidas al ‘banco malo’, tendrán un valor inferior a 150.000 euros en el momento de la compra y estarán en condiciones «adecuadas de habitabilidad».
Las entidades financieras que se adhieren al convenio deberán informar a través de sus propios medios de los inmuebles a los que pueden acceder los potenciales beneficiarios. Además deberán trasladar información a las partes integradas en el contrato y a la comisión de seguimiento y coordinación del mismo.
De otro lado, el ministro de Economía ha señalado que se pondrá en marcha una comisión de seguimiento y valoración en cuanto al cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los bancos que se reunirá cada tres meses y que contará con la participación del Ministerio de Economía, Sanidad, Fomento, Banco de España, de la Federación española de municipios y provincias y de las entidades financieras adheridas.
En esta comisión tendrán también cabida organizaciones sociales no gubernamentales así como entes de carácter local agregadas al convenio que seleccionarán a las familias con derecho a adquirirse al fondo social y facilitarán a estos un asesoramiento para solicitar la vivienda. «No somos ajenos al clamor popular», ha sentenciado.