El Ejecutivo sigue adelante con su plan de llevar a cabo a finales de julio el debate de totalidad sobre el proyecto de ley que propone reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta será la primera vez que la iniciativa se someta a votación en el Congreso, aunque enfrenta una situación complicada: PP, Vox y Junts, que han solicitado la devolución del texto, conforman una mayoría absoluta que podría bloquear su avance.
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales se ha convertido en la propuesta emblemática de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, para esta legislatura. Como también líder de Sumar, Díaz era consciente desde el inicio de los importantes obstáculos que enfrentaría para sacar adelante esta iniciativa, debido tanto al rechazo explícito de las organizaciones empresariales como a la compleja correlación de fuerzas en el Parlamento, que complica su aprobación.
En la fase de diálogo social, Yolanda Díaz optó por impulsar el proyecto de reducción de jornada únicamente con el respaldo de los sindicatos, pese a la negativa de la patronal a sumarse al acuerdo. Esta decisión llevó al Partido Popular a posicionarse directamente en contra de la iniciativa, intensificando así las tensiones políticas en torno a la medida.
Aunque el proyecto de ley para reducir la jornada laboral fue tramitado por la vía de urgencia, el proceso acumuló varias prórrogas que dilataron su avance. Esta misma semana, se cerró finalmente el plazo para nuevas ampliaciones, y los partidos PP, Vox y Junts presentaron cada uno sus respectivas enmiendas de totalidad con un objetivo común: devolver el texto al Gobierno. Estas enmiendas serán debatidas y votadas de forma conjunta, lo que podría marcar un punto clave en el futuro del proyecto.
El paréntesis estival podría llevar esta primera votación a septiembre, cuando se retoma el periodo ordinario de sesiones, pero según fuentes del Ejecutivo la intención es que ese debate se produzca en julio en el segundo Pleno extraordinario del mes.
A un mes de esa trascendental votación, el escenario se antoja complicado para el Gobierno, pues los grupos que presentan enmiendas de totalidad suman mayoría absoluta, a lo que se une el deterioro del clima político provocado por los presuntos casos de corrupción que implican a los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, hasta el punto de que algunos socios ya dudan de la continuidad de la legislatura.
PELIGRO PARA LAS PYMES Y FALTA DE DIÁLOGO SOCIAL
En la justificación de las enmiendas que se registraron este miércoles, las tres formaciones venían a argumentar que el proyecto de ley venía sin el consenso del diálogo social y podría suponer un perjuicio para las pequeñas y medianas empresas.
Junts dijo que reducir la jornada de este modo podría ser una medida que puede perjudicar «gravemente» la viabilidad de las pymes, por lo que pide al Ejecutivo «abrir un proceso de diálogo social real y riguroso» que permita evaluar todas la implicaciones de una reforma de esta envergadura y, si procede, presentar una nueva propuesta «basada en la flexibilidad» y con un enfoque «equilibrado y gradual» que dé respuesta a las distintas realidades.
En lo que respecta a Vox, el partido de Santiago Abascal señaló que el proyecto de ley «lejos de buscar la prosperidad y bienestar de los trabajadores, pretende hacerles dependientes de las decisiones políticas», a lo que añadió que la norma equivaldría a «más precariedad» y «despidos».
Por su parte, el PP denunció que el proyecto viene sin el consenso del diálogo social y sin tener en cuenta elementos como la productividad o el absentismo. «Obligar por ley a reducir la jornada sin tener en cuenta la situación de los sectores ni los márgenes de productividad, supondrá un incremento de costes laborales, pérdida de competitividad, congelación de salarios y menor creación de empleo», argumenta el PP.
