La crisis económica ha cambiado el mercado laboral inmigrante en España según el informe ‘Inmigración y crisis: entre la continuidad y el cambio’, publicado por la Diputación de Barcelona, CIDOB, Fundación ACSAR y Fundación Ortega-Marañón.
Según este documento, en el momento actual ese mercado es «más envejecido, femenino, terciario, formado académicamente y con más autoempleo» que en 2007.
Este anuario de la Inmigración en España, presentado el pasado lunes día 17 en Madrid, recuerda que los inmigrantes han perdido en torno a 900.000 empleos desde el inicio de la crisis, pero destaca que la situación ha empeorado en los dos últimos años, en los que se ha perdido la mitad de los empleos del colectivo.
En este sentido, el catedrático de Economía Aplicada de la UAB, Jopep Oliver, ha señalado que «el 90 por ciento» de la pérdida de empleo en los últimos dos años se ha producido en el segmento de jóvenes –de 16 a 34 años– y vaticina que «pronto habrá problemas con la mano de obra joven en España». «Hoy el perfil del trabajador inmigrante lo conforma el colectivo de 35 a 64 años, mientras que hace cinco años lo dominaban los más jóvenes», añade el informe.
En cualquier caso, a pesar de esta pérdida sensible de empleo, las remesas que se envían desde España a otros países de todo el mundo «han caído menos de lo que cabría esperar», y se sitúan en valores semejantes a 2006 –en torno a los 6.800 millones de euros–, un 20 por ciento menos que el máximo alcanzado en 2008. Colombia, Ecuador y Bolivia son los principales destinos de estas remesas.
El catedrático de Sociología de la UCM, Joaquín Arango, interpreta estos datos señalando que «los inmigrantes sobreviven a la crisis, pero lo hacen con dificultades» y destaca sus «esfuerzos» personales para mantener estos envíos para sus familias en sus países de origen. Así, concluye que «España no ha dejado de ser en ningún momento un país de inmigración».
«Hay una autofascinación con el tema de la emigración de los jóvenes españoles, por la novedad, hasta el punto de que parece que la inmigración ha desaparecido en España, pero no es así», ha señalado Arango, que alude a los saldos migratorios para defender sus argumentos.
Así, el informe recoge que el saldo migratorio neto de la población extranjera es positivo «tanto para el periodo 2008-2011, con un valor de 845.708 personas, como en 2011, con 103.190 personas». Arango dice que «muchas veces se tiende a la malinterpretación de los datos» y añade que «la mayoría de los 6 millones de extranjeros que se incorporaron a la sociedad española en las últimas décadas siguen en el país».
El texto incide en que desde el primer año de la crisis y hasta 2011 se registraron en España más de 1,3 millones de bajas residenciales, el 91 por ciento de las cuales son fruto de la inmigración reciente. «Continúa el retorno y la re-emigración de inmigrantes y aumenta la salida de españoles –un 9 por ciento del total–, aunque en un volumen mucho más reducido de lo que generalmente se piensa», concluye.
Al respecto, añade que el 61 por ciento de las emigraciones desde España se concentran en diez países, entre los que destacan Reino Unido –14.926–, Francia –11.851–, Estados Unidos –11.394–, Alemania –8.641– y Suiza –5.227–.
Arango afirma que el Instituto Nacional de Estadística (INE) «hace esfuerzos para dar estimaciones y acabar con los sesgos, pero no cabe esperar gran certeza de los datos». Según este experto, un capítulo del anuario «intenta dar luz sobre esta borrosa realidad» y concreta que «en 2012, por primera vez, el padrón ha mostrado una disminución levísima del tamaño de la población española, que se debe principalmente a la reducción del número de empadronados extranjeros».
Por otra parte, el catedrático destaca la «persistencia de la paz social», con el «único incidente» de la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrante en situación administrativa irregular». Así, explica que «tras cinco años de profunda recesión y elevadísimo desempleo, puede afirmarse que la crisis no ha alterado significativamente la atmósfera social en la que se desenvuelve la inmigración, ni ha tenido impactos políticos relevantes».
Por ello, Arango pide a los poderes públicos que no recorten en ayudas a los sectores más necesitados y que mantengan su discurso hacia los inmigrantes para «evitar que calen mensajes xenófobos, tal y como está ocurriendo en otro países». Asimismo, ha recordado que –frente a lo que aseguras algunos discursos populistas– «la población inmigrante es beneficiaria de tan solo el 5,2 por ciento del gasto público sanitario efectuado en España».
En este punto, el presidente de la Fundación ACSAR y diputado de CiU, Carles Campuzado, ha señalado que «España volverá a ser un país receptor de inmigrantes» e insta a aprovechar este «periodo de tranquilidad» en lo que a la llegada de inmigrantes se refiere, «para afrontar los retos que plantea la inmigración».
En el acto de presentación del informe participaron también Fernando Vallespín, director académico del Instituto Universitario Ortega y Gasset, y Carles Gasòliba, presidente del CIDOB.