Los líderes del G-8, los ocho países más poderosos del mundo, han defendido en su última cumbre que las autoridades fiscales compartan «de forma automática» su propia información en la lucha contra la evasión fiscal.
Este es uno de los diez puntos recogidos en la Declaración de Lough Erne, en la que también reclaman que los países cambien aquella legislación que permite a las compañías mover sus beneficios de unos países a otros países y que las multinacionales informen a las autoridades fiscales qué impuestos pagan en cada lugar.
«Las empresas privadas impulsan el crecimiento, reducen la pobreza y crean empleo y prosperidad para todos los ciudadanos del mundo. Los gobiernos tienen una responsabilidad especial para establecer normas adecuadas y promover una buena gobernanza. Tasas justas, una mayor transparencia y el libre comercio son factores fundamentales para ello», afirman en la declaración.
En esta línea, los países del G-8 consideran que las compañías deberían saber quiénes son realmente sus dueños y los recaudadores de hacienda y las fuerzas del orden deberían poder obtener esa información con facilidad.
Además, señalan que los países en desarrollo deberían tener la información y la capacidad de recaudar los impuestos que les corresponden y que otros países tienen el deber de ayudarlos.
Por otro lado, la declaración reclama que las empresas dedicadas a la extracción informen de los pagos a todos los gobiernos, quienes a su vez deben publicar los ingresos obtenidos de estas empresas.
Asimismo, remarca que los minerales deben ser de origen legítimo, «y no saqueados de las zonas de conflicto», y que las operaciones con suelo sean transparentes, «respetando los derechos de propiedad de las comunidades locales».
El G-8 también defiende que los gobiernos reduzcan los niveles de proteccionismo y acuerden nuevos acuerdos comerciales que impulsen el empleo y el crecimiento en todo el mundo. Además, insta a los países a eliminar la burocracia innecesaria en las fronteras y hacer más fácil y más rápido el movimiento de bienes entre países en desarrollo.
Asimismo, los líderes del G-8 han apostado por potenciar una información clara y completa sobre leyes, presupuestos, gastos, estadísticas nacionales, elecciones y contratos públicos, con el propósito de que aumente la transparencia en la actuación de los gobiernos cara a la ciudadanía.