El Gobierno de Estados Unidos ha enviado facturas retroactivas de pago de alquiler a empresas con proyectos solares y eólicos que operan en terrenos federales, en un momento en que la industria se enfrenta a las consecuencias del brote de coronavirus.
Esta medida supone un revés multimillonario para una industria que ha sufrido la cancelación o el retraso de proyectos de instalación debido a la crisis sanitaria del coronavirus, que además ha reducido las inversiones y ha disminuido las perspectivas de la demanda de energía.
Los analistas han señalado que también entra en conflicto con los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para proteger a las empresas de los daños económicos a través de préstamos federales, exenciones de tasas y de impuestos y una aplicación más laxa de la normativa.
Avangrid Inc, el propietario de plantas de energía en Estados Unidos controlada por la española Iberdrola, ha recibido una factura por más de 3 millones de dólares (más de 2,76 millones de euros) correspondientes a dos años de alquiler en terrenos federales cerca de San Diego para su proyecto eólico Tule, con capacidad de 131 megavatios.
Por otro lado, los responsables de otros dos proyectos renovables también han confirmado que recibieron facturas de alquiler retroactivas por parte del Gobierno federal, pero solicitaron que no se les nombrara al analizar el tema, en un momento en que el sector está ejerciendo presión al Gobierno para que lo ayude a capear la crisis derivada del coronavirus.
De acuerdo a unos datos proporcionados por The Wilderness Society y el Yale Center for Business and the Environment, 96 proyectos solares, eólicos y geotérmicos a escala de empresa de servicios públicos se encuentran operando en tierras gestionadas por la Oficina de Administración de Tierras del Departamento del Interior de Estados Unidos.
Shannon Eddy, la directora ejecutiva de la Large-scale Solar Association, ha señalado que las facturas fueron una sorpresa. Sin embargo, la directiva de la patronal de dueños de complejos de energía solar ha explicado que algunas empresas habían reservado fondos en caso de que llegaran los proyectos de ley.