La CE pide multar a España por no aprobar las normas sobre cuentas de pago

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La CE pide multar a España por no aprobar las normas sobre cuentas de pago

La Comisión Europea ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que multe a España con 49.919 euros diarios a partir de la fecha en que se confirme por sentencia que el país no ha trasladado a la legislación nacional la normativa europea sobre cuentas de pago, y hasta que lo haga de forma correcta.

En octubre de 2017, Bruselas denunció a España ante el Tribunal de Luxemburgo por este motivo. El Ejecutivo comunitario ha indicado que, hasta la fecha, las autoridades españolas no han notificado formalmente la trasposición completa de las normas europeas sobre cuentas de pago.

Estas conceden a todos los residentes legales en la UE el derecho a una cuenta de pago básica a cambio de una comisión razonable, independientemente del lugar de residencia, aumenta la transparencia de las comisiones de las cuentas de pago, facilita la comparabilidad y el traslado de dichas cuentas.

La CE ha explicado que “las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la directiva debían entrar en vigor a más tardar el 18 de septiembre de 2016” y la Comisión debía ser informada de ello inmediatamente.

Por esta razón, ha solicitado al TUE que imponga una multa “coercitiva” diaria de 49.919,20 euros a España desde el momento en que el tribunal con Luxemburgo dicte sentencia y hasta que la directiva “haya quedado traspuesta completamente y esté en vigor en el Derecho nacional”.

Si la trasposición sigue sin ser completa y el TUE confirma la opinión de la CE, España debería pagar la multa desde la fecha de la sentencia o desde una fecha posterior que fije la Justicia Europea.

El caso se remonta a noviembre de 2016, cuando los servicios comunitarios abrieron un expediente a España por no haber aprobado los cambios necesarios en la legislación nacional. La respuesta que el Gobierno remitió no fue satisfactoria y Bruselas advirtió de nuevo a las autoridades españolas en abril del año pasado. Seis meses después, elevó el caso al Tribunal de Justicia.

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