El Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió en 2015, a través de sus líneas de mediación con la banca privada, un total de 166.000 préstamos, por un importe de 9.671 millones de euros, destinados a financiar inversiones, aportar liquidez y fomentar la internacionalización de las empresas españolas, que supone un 55% menos que en 2014. En cuanto al número de operaciones, cayó un 44%.
En agosto del año pasado, la entonces presidenta del ICO, Irene Garrido, justificó la menor actividad del instituto en la recuperación del crédito. «Estamos bajando acorde con la fase de crecimiento sostenido de la economía y el papel contracíclico del ICO. Empezamos a ver una normalización de nuestra actividad, porque no es normal que una parte muy importante de la financiación de las empresas venga del banco público», explicó.
Más de la mitad de los créditos concedidos en 2015 fueron de menos de 25.000 euros y el 66% fue a empresas de menos de diez empleados. El 37% del importe financiado por el ICO se concedió a un plazo igual o superior a cinco años.
Las pymes y los autónomos de Cataluña fueron los principales destinatarios, con un 15% del total, seguidos por los de Madrid, con un 14%, y los de Valencia, con un 13%.
Los préstamos formalizados a las empresas de los sectores de comercio al por mayor, las industrias manufactureras y el transporte y almacenamiento obtuvieron mayor volumen de financiación, con el 18%, 11% y 10%, respectivamente.
El ICO, actualmente presidido por Emma Navarro, financió 1.250 millones de euros a empresas mediante préstamos directos para grandes proyectos de inversión el pasado año, un 70% más que el año anterior.
La actividad gestionada por el ICO por cuenta del Estado se incrementó un 35%, hasta 140.905 millones de euros, como consecuencia del refuerzo de su papel como Agencia Financiera del Estado.
Con cargo a los Fondos de Financiación a Comunidades Autónomas y de Entidades Locales se abonaron 1,4 millones de facturas a más de 108.000 empresas, por un importe total de 17.258 millones de euros. A través de estos instrumentos, el ICO, como agente de pagos, formalizó préstamos por un importe superior a 20.000 millones de euros destinados a atender deuda y otras necesidades financieras de las administraciones territoriales.