El coste directo que soportan las empresas españolas por las bajas laborales continuó creciendo durante los primeros cuatro meses de 2026. Las compañías desembolsaron 3.241 millones de euros para cubrir las prestaciones derivadas de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, lo que representa un incremento cercano al 8% respecto al mismo periodo del año anterior.
Los datos proceden de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y han sido recogidos en el último análisis de negociación colectiva elaborado por CEOE. Las cifras incluyen las bajas ocasionadas por enfermedades o accidentes que no guardan relación directa con la actividad profesional.
La evolución del gasto contrasta con el descenso registrado en el número de procesos iniciados. Hasta abril se contabilizaron aproximadamente 2,05 millones de nuevas bajas, 227.733 menos que durante los cuatro primeros meses de 2025. Esta reducción supone una caída interanual del 9,99%.
La incidencia media entre los trabajadores protegidos por las mutuas también disminuyó, al pasar del 35,92 registrado en abril de 2025 al 31,7 un año después. Sin embargo, la bajada del número de casos no ha sido suficiente para frenar el incremento del desembolso económico asociado a la incapacidad temporal.
Empresas y mutuas asumen un gasto superior a los 7.100 millones
La legislación establece que las empresas deben hacerse cargo de la prestación entre el cuarto y el decimoquinto día de la baja, abonando el equivalente al 60% del salario habitual del trabajador. A partir del día 16, el coste pasa a ser asumido por la Seguridad Social a través de las mutuas colaboradoras.
Además, numerosos convenios colectivos mejoran estas condiciones y obligan a las compañías a complementar la prestación hasta alcanzar el 100% del salario. Algunos acuerdos también contemplan el pago de los tres primeros días, un periodo que con carácter general no está cubierto por la prestación pública.
Al sumar la cantidad abonada por las empresas y la parte correspondiente a las mutuas, el coste total de los procesos por contingencias comunes alcanzó los 7.171,87 millones de euros hasta abril, un 8,23% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Las organizaciones empresariales consideran que este aumento genera dificultades económicas, organizativas y de gestión. Los sindicatos, por su parte, defienden el mantenimiento de los complementos incluidos en los convenios, al señalar que fueron negociados a cambio de menores incrementos salariales o de renuncias en otras condiciones laborales.
El gasto público podría acercarse a los 20.000 millones
La presión de las bajas laborales también se extiende a las cuentas públicas. El sector de las mutuas estima que la Seguridad Social podría destinar cerca de 20.000 millones de euros al pago de prestaciones por incapacidad temporal durante 2026, incluyendo las contingencias comunes y profesionales.
En 2025, la Seguridad Social y las mutuas desembolsaron más de 16.800 millones de euros únicamente por bajas relacionadas con contingencias comunes, un 12% más que el año anterior. Para 2026 se prevé que esta partida pueda superar los 18.000 millones.
La AIReF ya había advertido de que la incidencia de estos procesos aumentó un 60% entre 2017 y 2024. A esta evolución se suma una mayor duración media de determinadas bajas, especialmente las relacionadas con problemas de salud mental y lesiones físicas, que suelen generar un coste más elevado por prolongarse durante más tiempo.
