El Gobierno español ha suprimido la ayuda de 200 euros mensuales para pensionistas propietarios de una vivienda, destinado a afrontar el pago de gastos de mantenimiento, comunidad o suministros básicos, del texto final del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que entró en vigor el pasado domingo, pese a estar incluida inicialmente.
El Plan de Vivienda presentado por el Gobierno el 4 de mayo de 2017 reflejaba un programa específico de ayudas a personas mayores para el pago del alquiler de la vivienda y también para ayudar a los gastos de mantenimiento, comunidad o suministros básicos si eran propietarios de una vivienda.
Según el texto, esta ayuda estaba destinada a personas mayores de 65 años, a la fecha de solicitud de la ayuda, con unos ingresos (considerando los de todas las personas que convivan en el domicilio) que fueran inferiores a 3 veces el Iprem (1.613,52 euros mensuales en 14 pagas).
Los requisitos necesarios para obtener esta ayuda de 200 euros mensuales para el pago de gastos de mantenimiento, comunidad o suministros básicos eran que fuese el domicilio habitual del demandante de la ayuda y que su patrimonio fuese inferior a 100.000 euros.
Finalmente, en el texto definitivo el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 únicamente se recoge la ayuda al alquiler para personas mayores de 65 años, con la que se cubrirá hasta un 50% del precio de la renta, siempre que no sea superior a 600 euros mensuales, pero no se mantiene para los jubilados con vivienda en propiedad.
Si el alquiler supera los 600 euros y alcanza hasta los 900 euros, la ayuda será de hasta el 30% de la renta mensual en el tramo comprendido entre los 601 y los 900 euros.
Ante este hecho, Facua ha criticado la falta de empatía del Gobierno «con un sector de la población que en muchos casos ha soportado lo peor de la crisis económica y se ha convertido en el sustento de muchas familias».
Así, considera que la acción es un «nuevo golpe» hacia los mayores con problemas económicos, que se suma a unas «pensiones claramente insuficientes».
También ha señalado la necesidad de que el Gobierno intervenga en el sector energético para enfrentar las «excesivas tarifas» que impone a los suministros básicos, ya que «mengua aún más» la capacidad adquisitiva de los pensionistas.