El Gobierno de Australia ha comenzado a examinar las posibles malas prácticas de los bancos, fondos de pensiones y aseguradoras, a través de una comisión creada para tal propósito.
La comisión costará 75 millones de dólares y durará un año, y observará la conducta de las instituciones financieras frente a sus clientes y pequeñas empresas.
Las primeras jornadas girarán en torno a prácticas inapropiadas en los préstamos para viviendas, vehículos o al otorgar tarjetas de crédito, entre otros casos.
«Entiendo completamente que todos los afectados que consideran una mala práctica quieren que se reconozcan y consideren sus quejas y que los causantes respondan por estos actos», dijo Kenneth Hayne, comisionado que encabeza las investigaciones.Quien también recordó que no hay «tiempo de examinar públicamente cada caso de presunta mala práctica».
En un comunicado en su portal de internet la comisión aclaró que «no puede resolver las disputas individuales» y tampoco «puede determinar o brindar indemnizaciones o dar órdenes para que alguna parte implicada adopte o no alguna medida».
La comisión fue anunciada en noviembre, tras meses de presiones por parte del Partido Laborista y el Verde, ambos en la oposición, para que se investigue al sector financiero y a ellos se unieron algunas voces de la coalición gobernante del primer ministro, Malcolm Turnbull, quien se oponía a la medida.
Las críticas por malas prácticas se centran en la manipulación de los tipos de interés y el aprovechamiento de los clientes a través de los créditos o la inversión financiera.
Asimismo el Banco Commonwealth de Australia afronta un proceso judicial por haber violado la ley de lavado de dinero y financiación de terrorismo en 53.500 transacciones entre noviembre de 2012 y septiembre de 2015 en las que no informó de los movimientos superiores a 10.000 dólares australianos (8.056 dólares o 6.500 euros) en el plazo legal de diez días.
Tras el anuncio de la creación de la comisión, los altos directivos de los cuatro principales bancos de Australia, el Banco Commonwealth, ANZ, NAB y Westpac, expresaron en una carta que, a pesar de que sus instituciones se han opuesto durante mucho tiempo a ser investigadas, la medida responde al interés nacional.