El Gobierno de Alexis Tsipras ha conseguido la aprobación del Parlamento para las reformas acordadas con los acreedores, a cambio del desembolso de 1.000 millones de euros del rescate.
Tras un encendido debate de diez horas, en el que la oposición volvió a criticar al Ejecutivo por tramitar las leyes importantes mediante el procedimiento de urgencia, el paquete legislativo fue aprobado tan solo con los votos del Gobierno.
La votación pudo prosperar sin disidencias dentro de la propia coalición entre el izquierdista Syriza y el nacionalista de derechas Griegos Independientes, fundamentalmente porque los temas más controvertidos se han postergado hasta el próximo año.
El ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, ha justificado las prisas por legislar estas medidas con el argumento de que, de no aprobarse la ley antes de finales de año, el desembolso de este subtramo hubiera tenido que someterse nuevamente a la aprobación de distintos parlamentos nacionales de la Unión Europea.
Defendió el acuerdo logrado con la llamada cuádriga (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo Monetario Internacional), ya que aseguró que todavía se puede negociar «sobre las deudas de las pymes, las deudas de consumo y las hipotecas».
El Ejecutivo ha dejado para febrero la discusión sobre lo que pasará con los créditos impagados de las pymes, de consumo y de viviendas habituales, que no están protegidas frente al desahucio.
El ministro de Economía, Yorgos Stazakis, ha asegurado que los fondos privados pagarán impuestos en el país y no se verán beneficiados con ningún tipo de exención fiscal.
«Estas empresas funcionarán de forma completa en Grecia y se regirán por el marco legal de las sociedades en todos los asuntos», dijo Stazakis, quien añadió que en otros países europeos no es así, pues «en Irlanda y en España están previstas exenciones fiscales para estas empresas».