La Comisión Europea prepara una reforma de la contratación pública que permitirá favorecer a proveedores comunitarios en sectores considerados estratégicos, como la construcción naval, el material ferroviario y las infraestructuras críticas. La propuesta está prevista para el próximo 9 de septiembre y busca reducir la dependencia de suministradores extranjeros, reforzar la seguridad económica y utilizar las compras públicas como una herramienta de política industrial.
El borrador plantea sustituir las tres directivas que regulan actualmente la contratación pública, las concesiones y las compras de los sectores del agua, la energía, el transporte y los servicios postales por un reglamento único de aplicación directa en todos los Estados miembros.
La principal novedad será la creación de un marco común de preferencia europea. Las administraciones podrán limitar la participación de compañías de terceros países que no estén protegidas por acuerdos internacionales firmados con la Unión Europea, exigir un porcentaje mínimo de productos, servicios u obras de origen comunitario y otorgar ventajas en la valoración de las ofertas europeas.
Bruselas también podría cerrar determinadas licitaciones a empresas o productos extranjeros cuando detecte falta de reciprocidad comercial, riesgos para los intereses esenciales de la Unión o una dependencia excesiva de proveedores externos.
El origen de los suministros pesará en las adjudicaciones
La reforma señala expresamente al material ferroviario y la construcción naval como ámbitos en los que las preferencias comunitarias podrían tener una especial importancia. La Comisión considera que ambos sectores están directamente relacionados con la movilidad militar, la autonomía industrial y la seguridad económica europea.
Las nuevas reglas también afectarán a contratos vinculados con la energía, el transporte, el agua, la sanidad, las infraestructuras digitales y los mercados financieros. En estos casos, las administraciones deberán estudiar los posibles riesgos de interrupción del suministro, la concentración de proveedores, la ciberseguridad, la exposición de información sensible y el control empresarial ejercido desde terceros países.
Las compras públicas representan alrededor del 15% del producto interior bruto de la Unión Europea, por lo que la Comisión pretende que dejen de ser únicamente un procedimiento administrativo y pasen a contribuir al fortalecimiento de la industria comunitaria.
En los contratos vinculados a infraestructuras críticas, los organismos públicos podrán exigir medidas relacionadas con la resiliencia, la diversificación de proveedores, la continuidad operativa y la respuesta ante posibles interrupciones.
En la práctica, las cadenas de suministro, el origen de los equipos y la exposición a determinados países podrían tener un mayor peso en las decisiones. La Comisión podrá desarrollar posteriormente normas concretas para productos, servicios o actividades que considere prioritarios.
El borrador también reducirá la importancia del menor precio como criterio principal. La regla general será elegir la oferta con la mejor relación entre precio y calidad, incorporando ponderaciones mínimas para los aspectos cualitativos.
Las administraciones que quieran adjudicar un contrato únicamente por precio tendrán que justificarlo. Las licitaciones deberán poder tener en cuenta factores como la calidad industrial, la innovación, la seguridad de suministro, el impacto ambiental y las condiciones sociales.
Una plataforma común y más facilidades para las pymes
La propuesta permitirá incluir requisitos relacionados con la eficiencia energética, la economía circular, el contenido reciclado, la reducción de residuos y la huella ambiental. La Comisión también podrá establecer criterios ecológicos obligatorios para determinadas categorías de productos.
La reforma contempla medidas destinadas a facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas. Las administraciones no podrán exigir niveles de facturación desproporcionados ni solicitar experiencia previa en contratos públicos, salvo que exista una justificación estricta.
También se permitirá que varias empresas presenten ofertas conjuntas y combinen sus capacidades técnicas y financieras. Sin embargo, se prohibirá que una compañía adjudicataria subcontrate la totalidad del contrato, con el objetivo de evitar que obtenga la licitación sin participar directamente en su ejecución.
El reglamento estará acompañado por una red europea de datos de contratación pública. Los sistemas nacionales deberán estar conectados y las empresas dispondrán de perfiles digitales con sus certificados, credenciales y requisitos de elegibilidad.
Bruselas calcula que la digitalización de los procedimientos podría generar un ahorro anual de aproximadamente 421 millones de euros para las empresas y de otros 207 millones para las administraciones públicas. La finalidad es simplificar los procesos, ampliar la competencia y reducir las diferencias existentes entre los Estados miembros.
