La rentabilidad ofrecida por los bonos soberanos de Grecia con vencimiento a diez años ha descendido este lunes hasta su nivel más bajo desde septiembre de 2005, ante las perspectivas de que el país pague anticipadamente la mitad de los préstamos que obtuvo del Fondo Monetario Internacional (IMF).
En concreto, el rendimiento del bono griego a diez años llegaba a situarse en el 3,724%, la cifra más baja contabilizada desde el 2 de septiembre de 2005, cuando el bono soberano llegó a situarse en el 3,280%.
Asimismo, el interés que se paga por la deuda del país se encuentra cerca de sus mínimos históricos. La cifra más baja del rendimiento del bono griego se alcanzó el 21 de septiembre de 2005, cuando se situó en el 3,224%.
El pasado viernes, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ‘Reuters’ informó, citando una fuente anónima del Ejecutivo heleno, que Grecia tenía previsto llegar a un acuerdo con la institución presidida por Christine Lagarde para pagar de manera anticipada la mitad del dinero prestado por el FMI, lo que ascendería a ente 4.000 millones y 5.000 millones de euros.
De esta forma, el país mediterráneo se aleja todavía más de los máximos que alcanzó en 2012, cuando el rendimiento del bono griego a diez años llegó a situarse en el 39,850%.
Asimismo, la prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos griegos respecto a sus homólogos alemanes se situó en 320,6 puntos básicos, tras haber iniciado la jornada en los 326,2 enteros.
Grecia colocó días atrás 812,5 millones de euros en letras del Tesoro con vencimiento a tres meses a un interés del 0,35 %, inferior al 0,50 % de la subasta del pasado 6 de febrero, informó la Autoridad de Gestión de la Deuda Pública (PDMA).
La demanda fue de 1.410 millones de euros y superó en 2,26 veces la oferta inicial de 625 millones de euros.
En la subasta anterior la demanda superó en 2,11 veces la oferta.
Con la salida del programa de asistencia financiera, Grecia ya no está sujeta al techo de subasta de letras de 15.000 millones de euros que impusieron las instituciones acreedoras del país y que se alcanzaron en 2014.