Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha alertado que el impuesto a las transacciones podría convertirse en una amenaza para las cotizadas españolas.
La semana pasada, el Gobierno fijó un acuerdo presupuestario con Podemos, el partido presidido por Pablo Iglesias, en el que se incluye la creación de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de las acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
De acuerdo con lo que ha informado el Ejecutivo, sólo se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a los 1.000 millones de euros, mientras que no se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.
Por otro lado, el documento reseña que el proyecto de presupuestos contempla dejar fuera de este gravamen las compras de deuda pública y privada, así como de los derivados (en donde se podría captar una gran cantidad de dinero, pero que podría paralizar por completo el mercado al expulsar a posibles inversores, según fuentes del sector).
Sin embargo, el BME ha detallado que esta medida podría distorsionar la distribución de la propiedad de las empresas cotizadas, cuyo 46% se encontraba en manos de los inversores extranjeros al término del año pasado, en máximos históricos, y poner en cuestión el atractivo de las mismas.
El gestor de las bolsas españolas ha destacado que «en un entorno tal global y competitivo como el actual, esta medida genera desconfianza en la comunidad inversora, producirá inequidad y arbitraje fiscal con otros países de nuestro entorno».
En concreto, el BME ha señalado que este impuesto se puede convertir en una amenaza para la estructura financiera de las principales compañías de España, «arietes fundamentales de la competitividad exterior de la economía».
Este nuevo impuesto se está tratando de implementar a nivel europeo pero, por ahora, no ha sido factible armonizarla entre los 27. Tan sólo algunos países como Francia o Reino Unido han puesto sobre de la mesa una normativa de este tipo.