Carlos San Basilio, secretario general del Tesoro, ha confíado en que el anteproyecto de ley de la creación del sandbox -campo de pruebas para acompasar la regulación a la innovación financiera- salga adelante en las próximas semanas, si bien ha reconocido que la tramitación de estos textos es «farragosa», y que tanto el sandbox como otros nuevos desarrollos normativos estarán condicionados por el desarrollo de la legislatura y la convocatoria de las próximas elecciones, cuya fecha se conocerá este viernes.
Así lo ha señalado durante la clausura de la jornada ‘Sandbox: realidad y utilidad para el mercado español’ organizada por Aefi, AEB, CECA, Unacc y Unespa, en la que se ha mostrado «optimista» debido a que el anteproyecto de ley del sandbox ha estado «muy consensuado» y es «bastante compartido» por los partidos políticos, por lo que espera que el texto pase por el Consejo de Ministros «pronto».
El secretario del Tesoro ha explicado que la creación del espacio regulatorio en pruebas busca fortalecer el sistema financiero español, pero siempre con «un ojo puesto» en el bienestar general.
En este sentido, ha destacado que la transformación digital proporciona oportunidades de mejora de la calidad del servicio para los consumidores, pero que a la vez presenta riesgos, por lo que el objetivo del anteproyecto de ley es lograr «un equilibrio razonable entre las posibilidades que se abren a la innovación y el control de riesgos en el sector financiero».
Según San Basilio, las actividades deberían recibir un tratamiento regulatorio en función de su naturaleza, el riesgo que conlleva y las implicaciones que tienen para el marco de servicios financieros, independientemente de quién las proporcione.
Además, ha asegurado que el anteproyecto sigue las recomendaciones de los foros internacionales y permitirá a todos aprender y ajustar el marco normativo para aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital.
La semana anterior, el Tesoro Público español colocó 4.502 millones de euros en deuda a medio y largo plazo de varias denominaciones, incluida una de obligaciones ligadas a la inflación, que en la mayoría de los casos han salido a menor interés.
En concreto, solo se ha elevado el interés marginal aplicado a unas obligaciones a quince años ligadas a la inflación (con vida residual de 11,10 años), de las que se han colocado 772,6 millones, y que han salido a un rendimiento del 0,271 %, frente al 0,250 % previo.
Por el contrario, España ha reducido el interés de otras obligaciones a quince años, pero con vida residual de 7,6 años, de las que se ha colocado 1.072,5 millones, a un interés del 0,867 % frente al 1,142 % anterior.