El Gobierno aprueba la ley contra el fraude fiscal

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El Gobierno aprueba la ley contra el fraude fiscal

El Consejo de Ministros  aprobó ayer martes el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, norma con la que espera recaudar 800 millones de euros al año y que incluye la prohibición de las amnistías fiscales, la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo para determinadas actividades económicas entre profesionales y empresas, o un mayor control sobre el uso de nuevas tecnologías, como las criptomonedas o la prohibición del software de doble uso.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que la lucha contra el fraude fiscal es una “prioridad” del Ejecutivo porque “no hay justicia social ni tributaria si algunos pretenden eludir sus compromisos y obligaciones que tienen el resto”.

Montero ha destacado que con el proyecto de la ley, remitido ya al Congreso, se pretende luchar contra el fraude fiscal, una actividad que genera “competitividad desleal” entre áreas de actividad económica y el deterioro de la recaudación para blindar los servicios públicos, e instaurar la “tolerancia cero” contra cualquier práctica fraudulenta, especialmente en el actual momento de crisis, ya que las prácticas irregulares suponen un “agravio” para los contribuyentes cumplidores y restan recursos al Estado de bienestar.

Así, ha explicado que la norma incluye medidas de “gran calado” que refuerzan las herramientas que previenen y combaten la evasión fiscal y ponen el foco en las fórmulas de fraude “más avanzadas y complejas”, que requieren de ingeniería, lo que a su vez precisa de una especialización en la Agencia Tributaria, especialmente en la unidad de grandes contribuyentes y grandes patrimonios.

La nueva norma, ha resaltado, intensifica la labor de la AEAT que el año pasado recaudó 15.715 millones en lucha contra el fraude fiscal, un 4,1%, tras haberse focalizado en los grandes patrimonios y las grandes multinacionales digitales. De hecho, Montero ha apuntado que en el último año cerrado la AEAT liquidó una deuda a grandes patrimonios por 608 millones más, un 75% más adicional que en 2018.

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