Es el caso de España, cuyos niveles de deuda se situarán en el 107,5% en 2023, según las previsiones de otoño de la Comisión Europea, para descender al 106,5% en 2024 y mantenerse en esa cifra en el 2025. El último dato actualizado de enero sitúa la deuda pública española en 1,57 billones de euros, por encima de ese umbral del 90%, por lo que el Ejecutivo español estaría entre aquellos que deben realizar un ajuste del 1%.
El marco de gobernanza económica de la UE deja atrás viejos corsés que probaron ser poco aplicables en la práctica. El anterior Pacto de Estabilidad y Crecimiento fijaba una reducción anual de la deuda de un veinteavo anual para los países que superaran el 60% del PIB. Porque hay dos cifras que sí se mantienen: ese umbral de la deuda que no debe superar el 60% y el 3% sobre el PIB en el caso del déficit. No obstante, con las nuevas reglas fiscales, será necesario crear colchones ante futuras crisis y, para ello, alcanzar un objetivo déficit del 1,5%. Una condición con la que en diciembre se contentó a Berlín.
Las reglas fiscales fueron suspendidas en la pandemia en un intento por dar a la UE manga ancha para el gasto para sobrevenir el golpe económico. Tal suspensión, ampliada por la guerra de Ucrania, toca su fin. Desde enero de 2024, las reglas fiscales vuelven a estar vigentes, aunque la Comisión Europea consideró este ejercicio como un periodo transitorio en el que dar a los Estados miembro directrices para cumplir con el nuevo marco. Unas guías que llegarán en primavera y tendrán en cuenta las cifras de 2023.
No será hasta 2025 que se traslade a efectos prácticos este nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento, una vez se hayan celebrado las elecciones europeas, se haya formado un nuevo Parlamento y se hayan elegido a los cargos del Ejecutivo comunitario.
Solo falta un paso. El acuerdo entre el Consejo de la UE y la Eurocámara de este fin de semana solo requiere ahora la ratificación de los dos colegisladores. Los tiempos son ajustados, pero permiten sacar adelante la reforma antes de las elecciones europeas. Este último paso acostumbra a ser formal y no debería suscitar sobresaltos para su aprobación antes de mayo.
Las nuevas reglas fiscales tenían como propósito una renovación más realista, aplicable y menos rígida. Con más margen para las inversiones y cierta aversión a la disciplina. Se mantiene el punto de partida de la Comisión Europea, que plantea planes individualizados para cada país a cuatro años, que serán extensibles a siete años en caso de que se comprometan reformas e inversiones que lo justifiquen. Se produce un cambio de óptica respecto a las reglas fiscales anteriores: se tendrá en cuenta la senda de gasto público para analizar la sostenibilidad financiera de cada Estado miembro.
Será esta la referencia que observe Bruselas para abrir procedimientos por déficit excesivo a los países. Se excluirá del cómputo del gasto recurrente la deuda pública, la cofinanciación de programas de la UE, lo que creará más incentivos para invertir. Además, entre los criterios para ampliar los planes de ajuste de cuatro a siete años se incluye el cumplimiento de los objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Con lo que se da respuesta a los reclamos de la Eurocámara de una mayor flexibilidad para las inversiones.
Además, habrá multas para aquellos países que no cumplan. Sanciones de cuantías razonables en aras de asegurar su implementación. La idea, según informó el Parlamento Europeo, es que las nuevas reglas fiscales entren en vigor pronto, una vez publicadas en el Diario Oficial de la UE. Teniendo en cuenta que los primeros planes nacionales de los Estados miembro deben presentarse antes del 20 de septiembre de 2025.
