La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado que el Gobierno aprobará «próximamente» una orden ministerial para evitar la existencia de deudas perpetuas en el crédito al consumo, para favorecer el acceso a la información del cliente sobre los ‘créditos revolving‘, y medidas para mejorar la responsabilidad de las entidades para evaluar la solvencia de los clientes. Además, ha indicado que la creación de la Autoridad de Protección del Cliente financiero «llevará un tiempo».
Durante su primera intervención en la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, Calviño ha afirmado que en el ámbito de la política económica hay un programa de trabajo «muy ambicioso», con una parte que requerirá trabajo en el año en curso y otra que está «muy avanzada», como la orden para evitar deudas perpetuas en el crédito al consumo.
Calviño ha explicado que el objetivo de la orden es evitar la posible existencia de deudas perpetuas en el crédito al consumo y deudas «desproporcionadas» que no pueden ser pagadas por los ciudadanos.
Para ello, se tomarán dos tipos de medidas, que pasan por favorecer el acceso a la información del cliente sobre los llamados ‘créditos revolving’, los créditos rotatorios que se van retroalimentando a lo largo del tiempo y, por otro, medidas para mejorar la forma y la responsabilidad de las entidades para evaluar la solvencia de sus clientes.
La vicepresidenta tercera ha destacado que se están adoptando un conjunto de medidas para incrementar la protección al consumidor, con la aprobación esta semana del real decreto que dota de mayor seguridad jurídica, control prudencial y flexibilidad a los establecimientos financieros de crédito, para facilitar que los operadores de este mercado puedan funcionar de forma eficiente, y a la vez favorecer la competencia y la aparición de operadores regulados.
Además, ha avanzado que se trabaja en un Libro Blanco para reflexionar sobre las distintas opciones de reforma de la gobernanza económica en España, así como en el refuerzo de la arquitectura financiera del Estado en torno al Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de poder apalancar desde el sector público la inversión necesaria para abordar con éxito nuestros objetivos en materia de transición ecológica o transformación digital.