Entrando al detalle, la CNMV ha apuntado que la principal causa se debe a que una de las entidades -no especifica el nombre- que más comunicaciones sospechosas reportaba ha reducido significativamente su actividad en España a consecuencia de una reorganización del grupo financiero.
Sobre las comunicaciones recibidas en 2023, cabe destacar que un 80% del total se refiere a instrumentos de renta variable, un porcentaje algo inferior al del año 2022, mientras que, atendiendo a la tipología de la conducta, las comunicaciones sobre el uso o intento de uso de información privilegiada suponen casi un 71% del total, porcentaje superior a años anteriores.
Los remitentes de comunicaciones son mayoritariamente las empresas de servicios de inversión (ESIS), seguidas de otras autoridades nacionales y los diferentes mercados, tal y como viene siendo habitual, según el supervisor.
A propósito de la calidad de las comunicaciones, los porcentajes se han mantenido sin apenas variación respecto a los dos últimos años: las comunicaciones de calidad media-alta supusieron algo menos del 60%, las de calidad media se cifraron en un 20% y las de media-baja en torno a un 10%.
La CNMV califica las informaciones proporcionadas por las entidades teniendo en cuenta si son completas, si la descripción de la operativa es precisa y si los indicios son suficientes, razonables, materiales y plausibles en cuanto a la posible conducta contraria a la normativa del mercado.
El supervisor bursátil, en su competencia de vigilar el mercado, ha recogido en el informe que en los dos últimos ejercicios ha requerido a dos docenas de entidades y mercados que no han remitido nunca ninguna comunicación de operación sospechosa, aún teniendo una participación activa en el mercado, para confirmar que disponen de los mecanismos, sistemas y procedimientos adecuados para su actividad.
Asociado a esto, la CNMV ha recordado que dichos mecanismos, sistemas y procedimientos deben evaluarse como mínimo anualmente a efectos de detectar órdenes y transacciones que pudieran constituir abuso de mercado y para cumplir con la obligación de transmitir estas comunicaciones sospechosas, tal y como señala la legislación.