Las direcciones territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las comunidades autónomas podrán desarrollar acciones sobre sectores, situaciones o empresas cuya actividad sobrepase el ámbito provincial y no exceda el autonómico, dentro de la lucha contra el fraude.
En un comunicado, Empleo informa de las nuevas funciones que entraron en vigor ayer y están recogidas en una orden ministerial, que subraya que todo se hará sin subir los recursos humanos y materiales de que disponen.
Entre las nuevas tareas inspectoras de las direcciones territoriales están las de perseguir el trabajo no declarado a la Seguridad Social y el fraude en la obtención de prestaciones del Sistema.
También está el velar por el cumplimiento de la obligación de cotizar y el combatir el uso fraudulento de bonificaciones o reducciones de cuotas y aquellas que le asigne la autoridad central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El comunicado incide en que estas funciones están en línea con el objetivo del Gobierno de combatir con todos los medios a su alcance el grave problema del trabajo no declarado y el fraude a la Seguridad Social.
Los directores territoriales tendrán facultades de organización, ejecución y seguimiento de operaciones y de actuaciones sobre sujetos, situaciones o sectores de actividad que puedan operar dentro del territorio de una comunidad autónoma.
Empleo subraya que la orden cubre la laguna que había cuando a pesar de haberse detectado un fraude por la Inspección en una provincia, las empresas investigadas disponían de otros centros de trabajo ubicados en una provincia distinta, incluso fuera de esa comunidad autónoma.
Lo que se pretende es que los inspectores y subinspectores adscritos a las direcciones territoriales puedan extender su actividad a toda la comunidad autónoma y que además puedan servir como estructuras de intercambio de información con la dirección especial y con las inspecciones provinciales.