El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, anunció que decretará una coordinación administrativa que involucre a actores del sector público y privado para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
En la clausura de la XXXI Reunión del Grupo de Acción Financiera de Lationamérica (Gafilat), que se celebró en San José, el presidente Solís anunció la primera estrategia de Costa Rica, que será la firma de este decreto que «reafirma el compromiso de lucha contra legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo», dijo.
El Decreto Ejecutivo instruye a los órganos y entes públicos que conforman la administración central y descentralizada, a coordinar con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo y su Plan de Acción que fue presentada ayer por Costa Rica a la reunión.
El presidente Solís ha detallado que “este plan contempla de forma primordial disminuir el uso de efectivo como medio de pago, fortalecer la regulación, supervisión y control del sector cambiario, y establecer un régimen jurídico para los medios de pago electrónico que incluya el surgimiento de nuevas tecnologías”.
«La legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo implica mecanismos financieros y jurídicos muy complejos; que buscan movilizar fondos ilícitos a través de todo el mundo, lo que genera una serie de delitos cuya incidencia trasciende hasta golpear a la ciudadanía», afirmó el presidente costarricense.
Por ello, «urge una atención especializada e integral de parte de las instituciones estatales, de las entidades del sector privado, de los colegios profesionales y de los ciudadanos, porque la lucha debe ser de todos», aseveró el presidente de la República.
El decreto crea una Comisión Técnica Interinstitucional que estará conformada por dos miembros del Instituto Costarricense sobre Drogas, y uno por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), por el Banco Central de Costa Rica, por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por el Ministerio de Seguridad Pública y por el Ministerio de Hacienda.