El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes 13 de mayo ha aprobado el mecanismo para limitar el precio del gas para la generación eléctrica hasta los 48,8 euros por megavatio/hora (MWh) de media en los próximos doce meses, período que abarcaría el próximo invierno, época tradicional de mayor consumo y precios más altos.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto en valor que esta medida, que supone una respuesta «que tiene pocos antecedentes, o ninguno» en el pasado, ya que Europa ha entendido «las causas por las que España y Portugal deben contar con esta excepción», será «un paraguas» para proteger a los consumidores domésticos y a la gran industria en el actual contexto de tensión en los precios energéticos, agravada especialmente por la invasión de Ucrania por Rusia.
Asimismo, subrayó que «por primer vez no pagarán los mismos» y la medida tiene como finalidad «reducir los beneficios extraordinarios de las eléctricas para que haya beneficios para todos», tratándose de una medida complementaria a la minoración del gas.
Las centrales térmicas de gas, los ciclos combinados, seguirán cobrando lo necesario para garantizar el suministro eléctrico. Este coste se repercutirá únicamente sobre los consumidores beneficiados por la medida en cada momento y siempre será menor que el ahorro final proporcionado por ella.
Ribera señaló que la medida, una vez entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) -previsiblemente este sábado- y a expensas de que la Comisión Europea adopte formalmente el respaldo a la norma, lo que podría retrasarse «unas dos semanas»-, supondrá una mejora inmediata para un 37% de los consumidores domésticos y para el 70% para los industriales.
Así, estimó que gracias a esta medida el precio del ‘pool’ caerá en torno a un 38% en su precio promedio, desde los 210 euros por megavatio hora (MWh) marcados a lo largo del primer trimestre de este año hasta unos 130 euros/MWh. De este modo, la única electricidad que los consumidores pagarán a coste de gas será la producida con centrales de gas.
La medida, incluida en un Real Decreto-ley, ayudará así a contener la escalada de precios y la inflación y, sobre todo, ejercerá de cortafuegos ante la volatilidad de los precios del gas derivada de la guerra en Ucrania, facilitará también la reforma de la tarifa regulada -el denominado PVPC-, incorporando referencias de precios de los mercados de futuros.
Ribera aseguró que, una vez esté en vigor la medida, los consumidores del mercado regulado notarán este alivio en el precio de la luz de manera «inmediata», mientras que para el resto de consumidores en el mercado libre será algo «progresivo», viéndose beneficiados cuando renueven o cambien, «ya que su revisión anual tendrá la referencia con unos precios más bajos».
La titular de Transición Ecológica y el Reto Demográfico advirtió también que las compañías eléctricas deberán aportar durante el periodo que durará la medida información «detallada» de sus contratos ‘retail’, «no los que firman con su comercializadora, sino los contratos reales que pagan los consumidores», para controlar que ese volumen de «beneficios deja de ser pagado por los consumidores».
«Lo que no significa que entren en pérdidas, van a seguir obteniendo beneficios», recalcó, lamentando que las eléctricas no hayan tenido «un comportamiento más acorde a la situación del momento» haciendo unas ofertas en el mercado libre «más ajustadas a las necesidades de los hogares o de los industriales».
La llamada ‘excepción ibérica’ se encontraba pendiente de aprobarse desde finales de abril, cuando los gobiernos de España y Portugal alcanzaron un acuerdo con la Comisión Europea para implementar un mecanismo temporal de tope del precio del gas en una media de unos 50 euros/MWh.