Las entidades financieras están trabajando contra reloj y haciendo grandes esfuerzos para adaptarse a tiempo a la nueva ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, conocida como ley hipotecaria, que entrará en vigor el próximo 16 de junio y que todavía cuenta con algunas incógnitas por despejar.
La transposición de esta nueva ley aprobada por el Congreso en febrero se completó el pasado mes de abril con la aprobación de un real decreto que desarrolla la normativa y una orden ministerial, ambos tramitados con carácter de urgencia para tratar de evitar la multa de hasta 80 millones de euros (100.000 euros al día) por el retraso.
El Gobierno ha querido ir más allá de la directiva europea y aprovechar para dar seguridad jurídica a cuestiones controvertidas en España, como el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Sin embargo, su desarrollo reglamentario no ha terminado y todavía quedan aspectos que están generando dudas a las partes implicadas y que deberán ser aclaradas por el legislador en las próximas semanas, según explican expertos de KPMG Abogados.
Según el socio de regulación y cumplimiento de KPMG Abogados, Alfonso González-Espejo, se trata de una norma que plantea múltiples cuestiones de interpretación jurídica. Asimismo, la urgencia derivada del retraso en la transposición ha hecho que algún aspecto se haya quedado en una «nebulosa jurídica».