La UE retira las ventajas comerciales a Camboya

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La UE retira las ventajas comerciales a Camboya

La Comisión Europea ha retirado este miércoles una parte de las ventajas arancelarias concedidas a Camboya por las “graves y sistemáticas” violaciones por parte del país asiático de los Derechos Humanos y el hecho de que no se haya producido “ningún avance significativo” en materia de derechos civiles y políticos a lo largo del último año.

La retirada de las preferencias arancelarias afectará a productos de confección, calzado, artículos de viaje y azúcar y estas ventajas serán sustituidas por los aranceles estándar del bloque, que siguen el principio de la “nación más favorecida” de la Organización Mundial de Comercio (OMC), según ha informado la institución europea en un comunicado.

En concreto, esta medida por parte de la Unión Europea afecta a exportaciones valoradas aproximadamente en 1.000 millones de euros anuales (un quinto de las exportaciones anuales de Camboya al bloque) y entrarán en vigor el 12 de agosto de 2020, a menos que el Parlamento Europeo o los gobiernos de la UE se opongan a esta decisión.

El Ejecutivo comunitario ha defendido que se trata de una respuesta adecuada por las violaciones de Derechos Humanos en Camboya, mientras que preserva el objetivo de apoyar el desarrollo económico de este país, en especial de las industrias emergentes, que seguirán beneficiándose de un acceso libre de derechos y contingentes al bloque.

Bruselas ha tomado esta decisión tras un año de “amplio diálogo” con el Gobierno camboyano y con las partes interesadas del país. Desde que la UE abrió este procedimiento en febrero de 2019 se han llevado a cabo varias reuniones con autoridades camboyanas tanto a nivel técnico como político.

Aunque la Comisión reconoce que Camboya ha adoptado medidas en materia de derechos laborales y de propiedad de la tierra, ha señalado que todavía persisten “serias preocupaciones” con respecto a causas civiles y penales no resueltas contra sindicalistas. Además, las autoridades europeas denuncian que “no se ha producido ningún avance significativo” en un año en lo relativo a derechos civiles y políticos.

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