El Gobierno prepara un anteproyecto de ley con el objetivo de ampliar la protección de los trabajadores desplazados a España, «colectivo especialmente vulnerable por la crisis del Covid-19», así como para evitar la competencia desleal derivada de la prestación de servicios en España por empresas establecidas en otros países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (EEE).
Según explica el Ejecutivo en el borrador de dicho anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, con esta norma se transpone al ordenamiento jurídico español una Directiva europea de 2018, que modifica a su vez la directiva sobre desplazamiento de trabajadores en prestación de servicios, y cuyo plazo de trasposición concluyó en julio de 2020.
La legislación española ya cumple con determinadas disposiciones de la mencionada Directiva, como la aplicación a los trabajadores desplazados de la remuneración y condiciones básicas de trabajo previstas en los convenios sectoriales vigentes en España, o la aplicación del principio de igualdad de remuneración entre los trabajadores cedidos por ETT de otros Estados de la UE o del EEE y los trabajadores de las empresas usuarias españolas.
Sin embargo, con este anteproyecto se revisa la legislación española para incluir una serie de medidas, entre ellas la aplicación de la mayor parte de la legislación laboral española a los desplazamientos superiores a 12 meses ó a 18 meses en caso de notificación motivada de la prórroga, y la regulación de las consecuencias del desplazamiento en cadena de trabajadores cedidos por ETT a empresas usuarias del mismo u otro Estado miembro de la UE para realizar un trabajo temporal en España.
Asimismo, mediante este anteproyecto se amplían las materias sobre las que debe garantizarse la aplicación de la legislación española a las condiciones de alojamiento y a los complementos o reembolso de gastos de viaje, alojamiento y manutención previstos para los trabajadores que están fuera de su domicilio por motivos profesionales durante su estancia en España, y se ofrecen también garantías para evitar que los complementos por desplazamiento sean descontados del salario.
El anteproyecto, sujeto a cambios, también mejora la cooperación interadministrativa para prevenir el fraude y los abusos y tipifica las infracciones que se derivan de tales incumplimientos legales. La información pública disponible sobre las condiciones de trabajo de los desplazados en España se tendrá en cuenta en la graduación de las sanciones propuestas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La norma, que se estructura en cinco artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres finales, va dirigida esencialmente a los trabajadores desplazados temporalmente a España por empresas establecidas en la UE en el marco de una prestación transnacional de servicios.
Estos trabajadores pueden ser nacionales de uno de esos países o extracomunitarios residentes legalmente. La norma amplía la protección de estos trabajadores cuando son desplazados a España.
Por otro lado, la norma se dirige a las empresas establecidas en países de la UE o del EEE que desplacen a sus trabajadores a España, incluidas las ETT.
