María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha afirmado que sí habrá Presupuestos Generales del Estado en 2019. «Hombre, claro que tendremos», según ha señalado la titular del Ministerio tras ser preguntada por las cuentas públicas del año próximo.
No obstante, Montero ha afirmado que «no hay ninguna novedad a día de hoy» en la negociación y no ha aclarado cuando verán la luz los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año próximo, aunque ha afirmado que el Gobierno está trabajando «día y noche» en ellos.
El Ejecutivo y Unidos Podemos están inmersos en la negociación de las cuentas públicas del año próximo, aunque por el momento «no hay nada fijado», salvo que no se va a subir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a rentas de 60.000 euros, «porque afectaría a las clases medias», según recordó recientemente la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
Montero confirmó recientemente en el Congreso que el Gobierno está dispuesto a explorar o estudiar la posibilidad de subir los impuestos a las rentas del trabajo por encima de los 150.000 euros.
La titular de Hacienda hizo hincapié en que el Gobierno «había dejado muy clara su posición desde el primer momento de que no iba a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora». Además, subrayó que las rentas superiores a 150.000 euros «evidentemente» no pertenecen ni a las clases medias ni a las clases trabajadoras.
A finales del mes de agosto, el Gobierno se mostró determinado a presentar un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 antes de fin de año, preferiblemente en noviembre, indican fuentes del Ejecutivo. Se abriría así la posibilidad de que estuvieran aprobados en febrero, antes de la precampaña de las municipales y autonómicas de mayo.
El deseo del presidente, Pedro Sánchez, es que esos presupuestos se hagan con el techo de gasto elaborado por su gabinete, que prevén 6.000 millones de euros más de gasto no financiero que las cuentas de 2018 aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El problema es que el acuerdo sobre el techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros de Sánchez fue rechazado en julio por el Congreso y, aunque Sánchez intente de nuevo el aval de la Cámara Baja, el PP podría vetarlos de modo irreversible en el Senado –donde goza de mayoría absoluta– gracias a una reforma que Rajoy llevó a cabo en 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.