El Pleno del Congreso ha avalado este jueves la tramitación del proyecto de ley del Impuesto sobre las transacciones financieras, la conocida como ‘Tasa Tobin‘.
Para ello, además del PSOE y Unidas Podemos, el Ejecutivo ha contado con los votos de ERC, Junts, PNV, EH-Bildu, Más País, las CUP, Compromís, el BNG, Nueva Canarias.
En su defensa de la iniciativa, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado a PP y Vox de poner en duda la legitimidad de un sistema tributario, criticando que «la derecha y la extrema derecha lo que están haciendo realmente es enmendar a la totalidad la existencia misma del sistema tributario» español.
«Algunas de las argumentaciones en contra del proyecto tiene en su base un peligroso e irresponsable intento de deslegitimación del sistema tributario, o de una fiscalidad que hunda sus raíces en principios constitucionales que no son equivalentes a los de igualdad o progresividad», ha dicho.
La titular de Hacienda ha reivindicado que este nuevo impuesto «no es un invento ni una excentricidad», que la propuesta de la Comisión Europea para impulsar esta figura fiscal se remonta a septiembre de 2011 y que, ante este retraso –se preveía su puesta en marcha en 2014–, países como Bélgica, Francia, Italia, Finlandia, Rumanía o Polonia ya han ido aplicando figuras similares.
Para Montero, resulta «lógico» que, tras sufragar un coste de 4,6 billones de euros para el rescate del sector financiero a nivel europeo, estas entidades «contribuyan en justa medida al sostenimiento de los servicios públicos».
Con una recaudación proyectada de en torno a 850 millones, ha defendido que «no sólo es una herramienta recaudatoria», sino que también busca «disuadir movimientos especulativos» y «turbulencias que alteran el funcionamiento de los mercados».