El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado la reducción, a aproximadamente la mitad, de la tasa mínima exigida a las entidades que supervisa indirectamente, especialmente a las más pequeñas. El supervisor europeo vigila de forma directa 119 entidades este año, mientras que el resto, unas 2760, quedan a cargo de los bancos centrales nacionales.
Fuentes financieras aseguran que esta decisión reducirá entre un 7% y un 50% el monto que pagan las entidades con unos activos totales inferiores a los 500 millones de euros, algo que se espera que redunde en la proporcionalidad de esta tasa y que ya fue solicitado por el sector en la consulta pública lanzada en 2017.
Por el contrario, las tasas que se cargan sobre las entidades de mayor tamaño, con activos totales superiores a los 500 millones de euros, se elevarán en aproximadamente un 3%.
En 2018, las tasas cobradas por el BCE al sector bancario con motivo de su supervisión ascendieron hasta casi los 475 millones de euros. Los gastos de supervisión en los que incurrió el BCE -especialmente por el TRIM, el programa que valora los modelos internos que la banca utiliza para calcular que sus niveles de capital cumplen con los requisitos regulatorios- superaron los 502 millones de euros, pero la diferencia se compensó con el superávit registrado el ejercicio anterior.
Además de sobre el monto de las tasas de supervisión, las modificaciones anunciadas por el BCE también simplificarán el proceso de cálculo de las tasas y reducirán la carga burocrática de las entidades. En el nuevo marco propuesto, la institución reutilizará los datos de supervisión de que ya dispone para calcular las tasas, simplificará los procedimientos para algunas entidades relativos a la verificación de los activos, que en última instancia determinan las tasas, y presentará los avisos de tasa en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea.
Sobre todas estas modificaciones el BCE ha iniciado una consulta pública por la que las entidades y los agentes de mercado podrán remitir comentarios hasta el próximo 6 de junio.
Esta consulta ya incluye los comentarios recibidos durante la primera consulta pública celebrada en 2017 y las aportaciones de las autoridades nacionales competentes.