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jueves, julio 7, 2022
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El plazo de pago a proveedores se recorta un 8,4% en el sector público

El plazo de pago a proveedores se recorta un 8,4% en el sector público

El plazo medio de pago a proveedores se ha recortado un 8,4% en el sector público, lo que se traduce en un descenso de seis días, de 71 a 65.

Por el contrario, se mantiene en 77 días en el sector privado, de manera que en ningún caso se cumple lo que dicta la ley actualmente (30 días para el sector público y 60 para el privado).

Así se desprende del informe sobre morosidad correspondiente al año 2017 y elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que destaca que por cuarto año consecutivo el sector público ha presentado un mejor comportamiento que el privado, que en 2017 se estancó sin registrar ninguna mejora.

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, señala que, de aprobarse e implementarse correctamente el régimen sancionador, el año que viene los plazos medios de pago de las empresas se reducirán «notablemente» por la puesta en marcha de las nuevas leyes y del régimen sancionador que incluye una de ellas.

Según el estudio, elaborado a partir de más de 700 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el año pasado el 72% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la ley.

A esto también se suma que, en caso de sufrir impagos, el 85% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

Para la PMcM, esto podría deberse más al miedo a perder el cliente y al sistema de reclamación en sí, que al propio desconocimiento, porque el 71% de los encuestados asegura conocer la legislación existente. No obstante, Cañete apunta que, «después de ocho años, no deja de sorprender que un 29% de las empresas aún la desconozca».

Asimismo, el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 2,4%, lo que significó un ligero aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto a 2016.

Casi la totalidad de los encuestados (92%) manifestó estar a favor de la implantación de un régimen sancionador, medida que está contemplada en la proposición de ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad, de cuya aprobación en el Congreso, prevista para el primer semestre del año.

La instauración de este sistema de multas en el sector privado «es la pieza clave que falta para acabar de una vez por todas con la lacra de la morosidad, que merma la competitividad de nuestras empresas y del país y que ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis», ha subrayado Cañete.

Precisamente, de la puesta en marcha de este régimen sancionador dependerá en parte el éxito de la Ley de Contratación Pública -que entró en vigor el pasado 9 de marzo-, al no contemplar ésta ningún sistema de multas. «Contamos con el compromiso de todos los partidos políticos para aprobar la nueva ley de sanciones y asegurar su eficacia», ha añadido Cañete.

El informe también muestra que el 6 3% de las empresas encuestadas conoce las novedades que acarrea esta nueva Ley de Contratos del Sector Público, si bien solo un 29% manifiesta que presenta contratos de licitación pública.

Del 71% restante, un 13% asegura no hacerlo por la dificultad que representa el procedimiento; y un 5% tampoco lo hace por las malas experiencias que ha tenido con los plazos de pago de las administraciones públicas.

Según la PMcM, ya no deberían registrarse nuevos trucos o trampas que empañen la eficacia de las leyes referidas a la Contratación Pública y la de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad, por lo que ve imprescindible que se aseguren temas como que la fecha del alta de la factura sea la real, y que se concrete de forma «eficiente y eficaz» su implementación, definiendo qué administración pública será la encargada de imponer las sanciones.

La organización califica de «avance histórico» para pymes y autónomos la Ley de Contratos del Sector Público, que ha conseguido un «enorme consenso» entre grupos de todo el arco parlamentario, tras un trámite parlamentario «largo pero constructivo y fructífero», en el que se sucedieron las aportaciones de organizaciones como PMcM y Pimec.

En opinión de Cañete, «Se ha conseguido que no se haya legislado en beneficio solo de unos pocos, sino en pos del bien común de la gran mayoría de empresas que constituyen nuestro país, esto es, de pymes y autónomos».

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