Las principales entidades españolas redujeron su red de oficinas en España en 1.300 sucursales en 2022

Las principales entidades españolas redujeron su red de oficinas en España en alrededor de 1.360 el pasado año, hasta situarla en 10.500 sucursales a cierre de diciembre, según los datos recogidos en los informes financieros publicados por los propios bancos en las últimas semanas.

Además, terminaron 2022 con una plantilla cercana a los 120.600 trabajadores, lo que supone 5.800 empleados menos que en 2021, cuando tenían unos equipos que sumaban un total de 126.500 personas.

Si se compara con la situación que había en septiembre, la red de oficinas se ha reducido en 100 sucursales, mientras que el número de empleados ha aumentado en 300 personas, de tal manera que se ralentiza el ritmo de cierres y salidas de trabajadores que se había producido en la banca durante los últimos años.

Durante la pandemia, y con el objetivo de ganar en eficiencia, el sector acometió una reestructuración que ha menguado su red de sucursales y sus plantillas, apostando, en cambio, por ofrecer cada vez más servicios digitales. También las fusiones que se llevaron a cabo en 2021 entre CaixaBank y Bankia y Unicaja y Liberbank han ido encaminadas, en parte, a conseguir sinergias que les permitiesen operar en un entorno cada vez más competitivo.

Sin embargo, este proceso no ha estado exento de problemas. En concreto, a principios del año pasado, el jubilado Carlos San Juan inició una campaña para pedir mayor atención hacia el colectivo de personas mayores, que tienen por lo general más dificultades para adaptarse a la digitalización. El sector reaccionó con medidas para asegurar esa atención personalizada tanto a los mayores como a las personas con discapacidad.

También el entorno rural se ha visto afectado por el cierre de estas oficinas. Para ello, la banca ha firmado un acuerdo con Correos para facilitar el acceso en la España ‘vacía’ a los servicios financieros y se ha comprometido a asegurar en un plazo de seis meses al menos un punto de acceso presencial a servicios bancarios en todos los municipios de más de 500 habitantes y, en caso de no conseguirlo en ese plazo, en instalar cajeros genéricos en un plazo adicional de seis meses.