El FROB defiende la venta de entidades rescatadas

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El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha defendido su actuación en la venta de entidades rescatadas para maximizar el retorno de ayudas públicas, además de perseguir una “completa neutralidad” e igualdad de oportunidades para los potenciales compradores.

El organismo dependiente del Ministerio de Economía responde así al informe de fiscalización del proceso de saneamiento de la banca emitido por el Tribunal de Cuentas este martes, en el que señalaba que en el proceso de fiscalización se han observado “insuficiencias o deficiencias” de tipo formas en la tramitación de los contratos.

“Estas condiciones han sido cuidadosamente observadas en los procesos de desinversión, sin que en este punto se haya recibido (en el FROB) reproche alguno del Tribunal de Cuentas“, replica el FROB en un comunicado.

El organismo ha reafirmado que ha realizado análisis sobre el coste de las medidas de resolución y de las alternativas posibles a la venta. “En todos los procesos se ha contado con expertos independientes con el objeto de asegurar una total objetividad en la actuación y de reunir toda la información necesaria, de la máxima calidad y profundidad, para adoptar las decisiones más eficientes”, ha defendido.

El FROB ha incidido en que la labor de estos asesores ha consistido precisamente en la valoración y cuantificación de las distintas alternativas. “Se han identificado de esta manera aquellas que resultaban más beneficiosas para los intereses del FROB y por tanto del contribuyente”, ha indicado.

En cuanto a las afirmaciones del Tribunal de Cuentas respecto a que el FROB haya incurrido en mayores gastos en los procesos de reestructuración, al solicitar informes que finalmente fueron innecesarios (CEISS y Liberbank) o con la concesión en 2010 de una línea de crédito que finalmente no se empleó, el organismo ha recordado que uno de los principios esenciales de su actuación es el de asegurar la continuidad de las actividades y servicios esenciales para la economía y “evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero”.

“Ello le lleva indefectiblemente a actuar con cautela y prudencia, debiendo prever alternativas para el caso de que no prosperen las soluciones privadas adoptadas por las entidades de crédito y haya que recurrir sin demora al apoyo financiero público, en escenarios que exigen la máxima rapidez y diligencia”, ha esgrimido.

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