Bruselas podría llevar a España ante el TJUE

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Bruselas podría llevar a España ante el TJUE

La Comisión Europea ha urgido al Gobierno a trasponer las directivas de pago, planes de pensiones y distribución de seguros en el plazo de dos meses, o llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El toque de atención lo notifica a través de los denominados dictámenes motivados, que es la fórmula antes de emprender acciones jurídicas contra los Estados para garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

En materia de fondos de pensiones de empleo, Bruselas ha enviado dichos dictámenes motivados a Chipre, Eslovenia, Grecia, Luxemburgo, Portugal, Rumanía y Suecia, además de a España. La directiva que los regula es del año 2016 y los Estados estaban obligados a incorporarla la normativa nacional antes del 13 de enero de 2019.

El Ejecutivo comunitario activa con esta actuación el mecanismo que obliga a los países a notificar las medidas nacionales necesarias para trasponer la directiva o, transcurridos dos meses, podrá llevarles ante el tribunal de Luxemburgo para iniciar un proceso sancionador.

En el caso de las directivas sobre distribución de seguros y de medios de pago el dictamen motivado se lo ha enviado, en cambio, solo a España, y se trata además del segundo toque ya que envió un primer dictamen motivado para ambas trasposiciones normativas el pasado mes de marzo.

Con la directiva para distribución de seguros se regula la información que debe facilitarse a los consumidores antes de firmar los contratos y se establecen nuevas normas de protección de los consumidores sobre venta de productos de inversión con componentes de seguro.

Dichas reglas serán además de aplicación para todos los vendedores de productos de seguro, con independencia de que lo hagan a través de sitios web o como complemento de ventas de bienes o servicios. Su objetivo final es garantizan una mayor transparencia de los precios y costes de los productos, además de reforzar la protección de los consumidores.

La directiva sobre servicios de pago moderniza a su vez la legislación aplicable a esta actividad, introduciendo a la vez nuevos requisitos en materia de seguridad y para la protección de los datos financieros de los consumidores. Estas normas abren además la operativa de los pagos a agentes distintos al sector financiero, y prohíbe los recargos.

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